Segundo juicio contra Alejandro Gil concluye en silencio: opacidad total en el proceso contra el exministro de Economía

El segundo juicio contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación, concluyó este sábado en La Habana bajo un hermetismo absoluto. No hubo anuncio oficial, no se permitió la presencia de prensa independiente y solo un reducido grupo de familiares pudo entrar a la sala, todos obligados a firmar acuerdos de confidencialidad.

Se trata de uno de los procesos judiciales más sensibles dentro de la élite gubernamental cubana en años recientes, marcado por acusaciones graves, un manejo opaco y denuncias de que el régimen intenta convertir a Gil en el único responsable visible de una red de corrupción mucho más amplia.

Un juicio sin transparencia y vigilado de cerca por el régimen

La vista oral se celebró en el Tribunal de Marianao, en La Habana, casi en secreto. A diferencia del primer proceso —centrado en supuestos delitos de espionaje— este segundo juicio aborda cargos económicos: malversación, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos.

La familia denunció a Martí Noticias que ningún medio estatal informó sobre el juicio. Tampoco hubo imágenes, notas oficiales, ni una explicación pública, a pesar de tratarse de un exministro y uno de los principales responsables de la política económica que llevó al país a su crisis más severa en décadas.

La hermana de Gil, María Victoria, calificó el silencio oficial como “una falta de respeto al pueblo de Cuba”. Según relató, solo los hijos del exministro pudieron estar presentes y bajo estrictas prohibiciones para hablar.

¿Actuó solo? La familia asegura que no, y apunta a un “chivo expiatorio”

La Fiscalía presentó a Gil acompañado de otros implicados, aunque el régimen no ha revelado nombres ni detalles sobre sus supuestas responsabilidades. Para su familia, resulta imposible que él haya operado solo.

María Victoria sostiene que su hermano admitió ciertos hechos, pero insiste en que los verdaderos responsables “no aparecen en el expediente judicial”.

El dato más llamativo revelado por la familia es que Miguel Díaz-Canel habría declarado como testigo de cargo. Un gesto que, en el contexto político cubano, muestra una ruptura dentro de la estructura de poder y una posible estrategia para responsabilizar solo a Gil por el fracaso económico de los últimos años y por el desastre de la Tarea Ordenamiento.

Un proceso que exhibe las fisuras internas del régimen

El caso de Gil no es solamente un expediente judicial: es un síntoma del momento político que vive la cúpula cubana. Por primera vez en mucho tiempo, un funcionario de ese nivel llega a juicio por delitos que podrían sacudir el entramado económico interno.

Sin embargo, la falta de transparencia impide conocer si se trata de una verdadera investigación o de una operación de control de daños.

Entre las preguntas abiertas están:

¿Quiénes son los otros acusados? ¿Cuáles fueron exactamente los delitos imputados y cómo se vinculan a la estructura de gobierno? ¿Por qué el régimen evita que el pueblo conozca lo que ocurre en el juicio más relevante de la década? ¿Qué ocurrirá con los bienes y cuentas asociadas a Gil?

Hasta el momento, no existe respuesta oficial para ninguna de estas interrogantes.

Lo que este juicio revela del sistema cubano

Este proceso demuestra nuevamente la naturaleza cerrada del sistema judicial cubano, que opera sin control ciudadano ni rendición de cuentas.

Juicios que involucran corrupción de alto nivel deberían ser públicos, transparentes y sometidos a escrutinio. Pero en Cuba, incluso en casos donde se juzga a un exministro, el ciudadano queda fuera, sin información y sin la posibilidad de entender quiénes son los verdaderos responsables del desastre económico que hoy vive la isla.

El poder decide qué se expone y qué se oculta, quién cae y quién se salva.

Gil, por ahora, parece ser la pieza escogida para cargar con el costo político de una crisis que ha empujado a millones de cubanos a la pobreza extrema.