El régimen presume “golpe” a red de remesas mientras criminaliza vías alternativas que el pueblo usa para sobrevivir

El régimen cubano volvió a sacar pecho este jueves tras anunciar la desarticulación de una supuesta “red delictiva” dedicada al robo de remesas. El reporte, divulgado por Razones de Cuba y amplificado por el MININT, presenta la historia como un caso de gran impacto económico, pero omite un punto clave: la verdadera molestia oficial no es el delito, sino que el dinero no pasó por los canales estatales.

Según la versión del régimen y, la red fue dirigida desde Miami por Humberto Julio Mora Caballero y manejó más de mil millones de pesos y alrededor de 250 mil dólares entre febrero y septiembre. Aseguran que operaba en todo el país, reuniendo efectivo en puntos clandestinos y que 13 personas en Cuba están bajo medidas cautelares.

El régimen insiste en que este tipo de operaciones provoca “faltantes de efectivo”, “perjuicios a sectores sociales” y “manipulación del mercado cambiario”. Sin embargo, la narrativa oficial evita mencionar la raíz del problema: la población ha tenido que recurrir a intermediarios y métodos alternativos porque el Estado no garantiza vías ágiles, seguras ni rentables para recibir ayuda del exterior.

Durante años, el control estatal sobre las remesas —incluyendo comisiones excesivas, demoras, restricciones y manipulación de la tasa de cambio— empujó a millones de cubanos hacia soluciones informales. Los propios remitentes en el exterior prefieren mecanismos independientes porque permiten que el destinatario reciba más valor real, sin pasar por el filtro de un sistema financiero colapsado y completamente politizado.

El punto más revelador del comunicado oficial aparece casi como un descuido:

“Operaciones comerciales ilegales con negocios privados en la isla.”

Es decir: la ofensiva del régimen no solo va dirigida a quienes gestionan remesas por vías no estatales, sino a los emprendedores privados que dependen de estas redes para surtir sus negocios ante la inexistencia de un mercado mayorista.

El régimen intenta vender este caso como un triunfo contra el crimen económico, pero lo que realmente está haciendo es atacar otra vía de supervivencia en un país donde el salario no alcanza, los bancos están vacíos y el Estado acumula récords de ineficiencia y corrupción.

Mientras tanto, la campaña vuelve a señalar a Estados Unidos por supuesta “permisividad”, en un discurso repetido que evita cualquier responsabilidad interna: falta de liquidez, doble moneda encubierta, un mercado cambiario artificial y un aparato estatal incapaz de garantizar servicios financieros básicos.

La pregunta no es si existen delitos asociados al manejo informal de remesas —como en cualquier economía asfixiada—, sino por qué millones de cubanos prefieren asumir riesgos legales antes que depender de un sistema que les roba valor, tiempo y oportunidades.

La respuesta es sencilla: cuando un Estado intenta controlar cada centavo que entra al país, criminaliza a los que se salen del molde y acusa a las víctimas de causar el desastre que él mismo provocó.

Y el pueblo lo sabe.