El Consejo para la Transición Democrática en Cuba relanza su proyecto de Ley de Amnistía para poner fin al presidio político en la Isla
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) anunció este 19 de noviembre el relanzamiento de su iniciativa de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, una propuesta legislativa que busca liberar a los más de 1.100 presos políticos que hoy permanecen en cárceles cubanas y revertir décadas de criminalización sistemática de la protesta y la discrepancia.
En un país donde la maquinaria represiva “encarcela un día sí y otro también” —según expone la organización— la iniciativa pretende frenar una realidad que, lejos de disminuir, se ha agravado en los últimos años: ciudadanos detenidos por manifestarse pacíficamente, jóvenes condenados por expresarse en redes sociales, y familias que ven sus hogares vacíos mientras las prisiones continúan desbordadas.
Una herramienta democrática con precedentes históricos
El CTDC recuerda que la amnistía formó parte de los mecanismos democráticos de la Cuba republicana, que en distintos momentos aprobó leyes para liberar a prisioneros políticos. También subraya que procesos similares impulsaron transiciones democráticas en otros países, como Polonia en 1984 y la URSS en 1987, donde la liberación de presos de conciencia fue un paso indispensable hacia la apertura política.
La iniciativa que impulsa el CTDC se inscribe en esa tradición:
Liberaría a miles de presos políticos, Eliminaría antecedentes penales fabricados, Despenalizaría la disidencia, Y derogaría figuras arbitrarias como la llamada “peligrosidad predelictiva”, utilizada durante décadas para encarcelar ciudadanos sin delito alguno.
Un camino cívico que enfrenta obstáculos del Estado
Para que el proyecto pueda llegar a convertirse en ley, el CTDC necesita que 10.000 ciudadanos obtengan su Certificación Electoral, un documento expedido por el Consejo Electoral Nacional y requerido para respaldar formalmente iniciativas legislativas desde la sociedad civil.
Pese a los obstáculos que impone el Gobierno para entregar estas certificaciones, la organización asegura que ya existen ciudadanos que lograron obtenerlas, y continúan trabajando para ampliar ese número.
Un llamado a la comunidad internacional
El CTDC insiste en que el apoyo global es indispensable. No solo para acompañar una causa democrática, sino para subrayar que la violación de los derechos humanos en Cuba constituye un riesgo que trasciende fronteras.
“Poner fin al presidio político no es solo una aspiración democrática, es una urgencia humanitaria”, señala la nota. La organización enfatiza que defender los derechos de los cubanos hoy significa fortalecer las garantías de cualquier ciudadano del mundo frente a posibles violaciones futuras.
Por ello, el Consejo invita a la ciudadanía internacional a sumarse a la campaña de apoyo al proyecto de Ley, disponible en español e inglés a través del enlace proporcionado:
Un paso necesario hacia la libertad
El relanzamiento de esta propuesta marca un intento claro de cerrar un ciclo represivo que ha castigado durante décadas el ejercicio de derechos elementales. Para el CTDC, la aprobación de esta ley no solo liberaría a quienes hoy están en prisión por motivos políticos, sino que abriría la puerta a un proceso real de transición democrática en Cuba.
“El primer paso hacia la libertad —afirma la organización— es terminar con la criminalización del disenso”.
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