Óscar Casanella: la justicia migratoria que no llega y el limbo que amenaza su futuro

A casi cuatro años después de su llegada a Estados Unidos huyendo de la represión del régimen cubano, el activista político Óscar Casanella continúa atrapado en una incertidumbre migratoria que no solo compromete su futuro, sino que abre interrogantes sobre la transparencia, la eficiencia y el trato a solicitantes de asilo con casos documentados de persecución política.

Casanella, científico y activista reconocido por su participación en espacios de oposición cívica en Cuba, enfrentó dos audiencias consideradas decisivas: la primera el 2 de mayo de 2025, y la segunda el 24 de junio de 2025, ambas ante tribunales migratorios estadounidenses. A pesar de presentar lo que su defensa considera un caso sólido, respaldado con documentación, testigos, historial público de hostigamiento estatal y material probatorio, aún no existe una resolución final sobre su solicitud.

Una espera que nadie logra explicar

Al concluir la audiencia del 24 de junio, la jueza anunció que no emitiría una decisión inmediata y solicitó documentación adicional para completar la evaluación. De acuerdo con lo establecido durante esa sesión, los documentos requeridos fueron entregados antes del 11 de julio de 2025, cumpliendo con los plazos procesales establecidos. Desde entonces, el caso parece haberse detenido.

No existe comunicación oficial ni explicación pública sobre el retraso, lo que deja a Casanella y a su familia —incluyendo menores de edad— dentro de un escenario legal sin garantía temporal ni previsibilidad.

Para una comunidad que sigue el caso de cerca, surgen preguntas legítimas:

¿Qué factores retrasan una resolución migratoria cuando el expediente ya está completo? ¿Por qué un caso con pruebas documentales y perfil público permanece sin respuesta? ¿Cuáles son los criterios internos que priorizan o aplazan casos de asilo político?

El silencio institucional no solo prolonga la incertidumbre, sino que genera una percepción de engavetamiento administrativo, que —a falta de información oficial— incrementa la angustia y el desconcierto.

Más que un trámite: un derecho

La situación de Casanella trasciende su historia personal: simboliza el desafío que enfrentan miles de cubanos con historial represivo verificable, que se ven obligados a demostrar ante sistemas jurídicos extranjeros que su persecución no es abstracta, sino parte de una política de Estado ampliamente denunciada por organismos internacionales.

En su caso, las dinámicas represivas no son opinables ni especulativas, sino parte de un expediente público: pérdida laboral por motivos políticos, vigilancia, hostigamiento, interrogatorios, impedimentos profesionales y estigmatización por participar en espacios opositores y cercanos al Movimiento San Isidro.

Una deuda pendiente con la verdad y la justicia

La espera prolongada no solo afecta el presente inmediato, sino la capacidad de proyectar vida, estabilidad, educación, vivienda y oportunidades familiares. El asilo político no es un privilegio, es un instrumento humanitario diseñado precisamente para proteger a quienes huyen de regímenes autoritarios donde la ley no protege, sino castiga.

En un contexto de miles de solicitudes, es comprensible que existan demoras, pero lo que hace diferente este caso es su carácter público, documentado y verificable, por lo que el silencio institucional resulta difícil de justificar.

A este escenario se suma un elemento que genera aún más polémica dentro de la comunidad de exiliados políticos: al menos dos personas señaladas por Casanella como partícipes directos en procesos de represión y represalia laboral contra él habrían ingresado legalmente a territorio estadounidense con visado aprobado. Se trata de Erasmo Pablo Gómez Cabrera, entonces vicedirector del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR), y Pedro Wilfredo Fernández Cabezas, miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC) interrogaba a Casanella siguiendo las órdenes de la seguridad del estado fu y participante del tribunal laboral que, según documentos legales, avaló su expulsión por motivos políticos. Mientras el activista continúa esperando una resolución sobre su estatus migratorio, quienes identifica como responsables de la persecución institucional que vivió en Cuba habrían logrado entrar a Estados Unidos sin trabas visibles, un contraste que abre nuevas preguntas sobre los filtros, criterios y responsabilidades dentro de los procesos de visado y evaluación migratoria.

El caso de Óscar Casanella continúa abierto, sin fecha de decisión y sin explicación pública sobre el retraso. En un sistema democrático, la transparencia también es un derecho, y mientras no llegue la resolución, la incertidumbre no solo es jurídica, sino humana.