Preso político del 11J denuncia golpizas, requisas arbitrarias y aislamiento en la prisión Melena II

Una nueva denuncia de violaciones de derechos humanos vuelve a colocar el foco sobre el sistema penitenciario cubano. El Movimiento Cubano Reflexión (MCR) publicó un informe en el que expone el caso de Aníbal Yasiel Palau Jacinto, preso político del 11J recluido en la prisión Melena II, provincia de Mayabeque, quien estaría siendo víctima de agresiones físicas, requisas arbitrarias, humillaciones y represalias por quejarse ante las autoridades.

“Se comieron sus galletas delante de todos”

Los hechos comenzaron el 5 de noviembre, cuando oficiales del penal realizaron una requisa en el destacamento donde se encuentra Palau. Según el MCR, los guardias le confiscaron artículos de aseo y alimentos traídos por su familia, entre ellos galletas, que después consumieron públicamente en presencia del resto de los reclusos.

Al reclamar ante el jefe de Orden Interior —identificado únicamente como Rudi—, la respuesta fue inmediata: insultos, gritos y un golpe directo al pómulo. El preso habría sido llevado al llamado “túnel”, un espacio usado para castigos y requisas intensivas, donde continuaron las agresiones.

Golpizas, celda de castigo y una huelga de hambre

Tras la violencia, Palau fue trasladado a una celda de castigo. Desde allí inició una huelga de hambre y sed en protesta por los abusos y la impunidad con la que, asegura, actúan los oficiales.

El informe agrega que Palau presenta problemas renales, motivo por el cual la privación de agua y atención médica podría agravar gravemente su estado. Una doctora del penal habría certificado las lesiones, aunque las autoridades impidieron que su familia pudiera constatarlo.

Negación de visita familiar: “No puede verlo porque tiene hematomas”

La madre del preso, Laida Jacinto Abad, acudió al penal para verificar su condición y pedirle que abandonara la huelga. Sin embargo, los oficiales le negaron la visita, alegando que Palau “no podía ser visto”.

De acuerdo con el MCR, el propósito era impedir que la familia viera los hematomas provocados durante la golpiza.

Ahora lo acusan de “Atentado”

En una maniobra habitual contra presos políticos en Cuba, el recluso fue acusado de “Atentado”, una figura penal utilizada como represalia cuando los detenidos se enfrentan verbalmente a funcionarios del Estado o denuncian maltratos.

Violaciones a las Reglas Mandela

El Movimiento Cubano Reflexión sostiene que el caso viola múltiples normas internacionales sobre derechos humanos, entre ellas varias de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela):

Regla 1: respeto a la dignidad humana. Regla 43: prohibición absoluta de castigos crueles, inhumanos o degradantes. Regla 54: derecho a presentar quejas sin sufrir represalias. Regla 58: derecho a recibir visitas familiares. Regla 65: obligación del personal penitenciario de actuar con profesionalismo y humanidad.

Exigen investigación y fin de los castigos

El MCR reclama:

fin inmediato del aislamiento, acceso a atención médica, derecho a visitas, devolución de los artículos familiares, sanción a los responsables, y una investigación independiente sobre lo ocurrido.

Un patrón que se repite en los casos del 11J

La denuncia se inserta en un contexto ampliamente documentado:

presos políticos del 11J golpeados, sometidos a requisas abusivas, privados de atención médica y castigados tras reclamar sus derechos.

Desde 2021, organizaciones como Prisoners Defenders, Justicia 11J y Cubalex han registrado decenas de casos de aislamiento prolongado, torturas, amenazas, castigos arbitrarios y negación de visitas familiares.

El caso de Aníbal Yasiel Palau Jacinto se suma a esa lista, mostrando nuevamente el nivel de desprotección que enfrentan los prisioneros políticos en Cuba.

Un llamado urgente

La denuncia del MCR no solo busca documentar un abuso puntual, sino alertar sobre la vulnerabilidad extrema de los presos políticos en las cárceles cubanas. Las condiciones descritas —golpizas, requisas humillantes, aislamiento, negación de visitas y acusaciones fabricadas— reflejan un problema estructural.

En un país donde no existe supervisión independiente de los centros penitenciarios, cada testimonio se convierte en una pieza clave para entender una realidad que el régimen intenta mantener oculta.