Juicio contra Alejandro Gil Fernández se celebrará este martes bajo hermetismo y alegaciones de “seguridad nacional”

El Tribunal Supremo Popular de Cuba informó oficialmente que el juicio oral contra el ex vice primer ministro y ministro de Economía, Alejandro Miguel Gil Fernández, se celebrará este martes 11 de noviembre de 2025 a las 9:30 de la mañana, según un comunicado emitido por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado.

El proceso judicial se desarrollará bajo fuertes restricciones de acceso. De acuerdo con el texto difundido por el propio Tribunal, y amparado en el artículo 153 de la Constitución de la República y el 477.1 de la Ley del Proceso Penal, solo podrán asistir “las partes y las personas autorizadas por el tribunal”, argumentando razones de Seguridad Nacional.

La medida confirma que el régimen ha clasificado el caso de Gil Fernández como un asunto de alta sensibilidad política, lo que refuerza las sospechas de que el juicio se llevará a cabo a puerta cerrada y sin presencia pública ni prensa.

Según el comunicado, “en cumplimiento del debido proceso, los abogados y el acusado han tenido acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, y entregaron las conclusiones de la Defensa”. Sin embargo, no se precisan los cargos exactos ni la pena solicitada, pese a que filtraciones previas lo vinculan con delitos de espionaje, malversación y lavado de activos.

Alejandro Gil Fernández fue considerado durante años el hombre de confianza de Miguel Díaz-Canel y uno de los arquitectos de la llamada Tarea Ordenamiento, la reforma económica que provocó la mayor devaluación del peso cubano y un colapso inflacionario sin precedentes. Su caída en desgracia, anunciada el pasado febrero, marcó el inicio de un proceso judicial envuelto en opacidad y contradicciones oficiales.

Mientras el régimen busca proyectar una imagen de lucha contra la corrupción, crecen las especulaciones sobre un ajuste de cuentas político dentro de la cúpula del poder. Analistas consideran que este juicio podría ser el más delicado en décadas, al involucrar directamente a quien fue durante años el rostro económico del Gobierno cubano y uno de los pocos funcionarios con acceso privilegiado a información financiera estratégica del país.

El desenlace de este proceso podría marcar un punto de inflexión en la estructura interna del poder en Cuba, donde las pugnas por el control del aparato económico parecen intensificarse a medida que el país se hunde en su peor crisis de los últimos 60 años.