Plan de la ONU para Cuba tras el huracán Melissa despierta dudas sobre el destino real de los fondos

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba ha lanzado un Plan de Acción de Respuesta al Huracán Melissa, con el objetivo de movilizar 74,2 millones de dólares para asistir a un millón de personas afectadas en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

Según el documento oficial, el plan busca cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades devastadas por el paso del ciclón, que dejó a su paso viviendas destruidas, servicios básicos colapsados y amplias pérdidas agrícolas.

Lo que pretende la ONU

El plan establece una estrategia integral con cinco prioridades:

Protección de grupos vulnerables: atención prioritaria a niños, ancianos, personas con discapacidad y comunidades rurales aisladas.

Restablecimiento de servicios esenciales: recuperación del suministro de agua potable, electricidad, saneamiento, salud y educación.

Vivienda y refugios temporales: apoyo a las familias que perdieron sus hogares o cuyas viviendas resultaron inhabitables.

Seguridad alimentaria y medios de vida: restaurar la producción agrícola y evitar el colapso económico de comunidades rurales.

Coordinación y financiamiento: articular a agencias internacionales, donantes y autoridades cubanas para ejecutar los recursos con eficacia y transparencia.

En cifras, la ONU estima que más de 2,2 millones de personas resultaron afectadas de forma directa o indirecta por el huracán. Se contabilizan 60.000 viviendas dañadas o destruidas, 1.552 escuelas con afectaciones estructurales, 461 centros de salud afectados y más de 78.700 hectáreas de cultivos perdidas.

La necesidad de transparencia

A primera vista, el plan parece una respuesta sólida ante la emergencia. Sin embargo, la ejecución dependerá en gran medida de las instituciones estatales cubanas, como el MINCEX o la Defensa Civil, ambas bajo control del Partido Comunista, lo que ha despertado preocupaciones sobre la transparencia y el destino real de los fondos.

Agencias de la ONU como UNICEF, PMA, OPS y PNUD serán las encargadas de ejecutar parte de las acciones, pero deberán operar dentro de las limitaciones impuestas por el régimen, que históricamente ha restringido el acceso independiente a las zonas afectadas.

Los antecedentes que siembran desconfianza

Tras huracanes anteriores como Sandy (2012) e Ian (2022), numerosos damnificados denunciaron que la ayuda internacional nunca llegó a sus manos.

Materiales donados fueron almacenados en dependencias estatales, distribuidos selectivamente entre funcionarios, militares o militantes del Partido Comunista, y en algunos casos revendidos en el mercado interno.

Organizaciones humanitarias europeas y regionales han reconocido en privado las dificultades para verificar la entrega de la ayuda en Cuba debido a la falta de acceso, supervisión y libertad de información.

En Santiago de Cuba, Baracoa y Maisí —zonas golpeadas repetidamente por huracanes— aún hay familias viviendo bajo lonas desde Matthew (2016). “Si la ONU manda dinero, el gobierno lo usa para decir que está ayudando al pueblo, pero a nosotros nunca nos llega nada”, comentó un residente de Maisí a colaboradores de ClickCuba.

¿Quién controlará el dinero?

El plan de Naciones Unidas no detalla los mecanismos de auditoría ni cómo garantizará que los fondos no sean desviados por la burocracia estatal o utilizados con fines propagandísticos.

Expertos en cooperación internacional consultados por ClickCuba advierten que la única garantía efectiva sería que los fondos fueran gestionados directamente por las agencias internacionales, con informes públicos y auditorías externas, algo que el régimen cubano rara vez permite.

Sin esos controles, la comunidad internacional corre el riesgo de que la ayuda se convierta en un nuevo instrumento de manipulación política, como ya ha ocurrido en crisis anteriores.

Una oportunidad que puede volverse frustración

El Plan de Acción de la ONU es una iniciativa necesaria para aliviar la tragedia humanitaria en el oriente cubano, pero su éxito dependerá de la transparencia en la ejecución y el acceso independiente a los beneficiarios.

Sin controles efectivos, la solidaridad internacional puede terminar reforzando al aparato estatal en lugar de ayudar a los verdaderos damnificados.