Fiscalía cubana pide 30 años de prisión para Alejandro Gil y más de 15 años para otros altos funcionarios del régimen

La Fiscalía General de la República de Cuba ha solicitado 30 años de privación de libertad para Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía y Planificación y ex viceprimer ministro, en el juicio que se sigue en su contra por una amplia lista de delitos que incluye espionaje, malversación, lavado de activos, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos, entre otros.

Según publicó el medio independiente 14ymedio, además de Gil, están siendo procesados un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, un secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y al menos otros quince implicados, para quienes la Fiscalía pide penas que superan los 15 años de prisión.

El caso, considerado el más importante en décadas dentro de la élite gubernamental cubana, ha provocado un terremoto político y mediático que expone las fracturas internas del régimen.

Un juicio bajo estricta confidencialidad

Fuentes cercanas al proceso aseguran que el juicio se desarrolla a puertas cerradas, justificado por la acusación de “espionaje”, un cargo que, según juristas independientes, permite al Estado ocultar información sensible y evitar la presencia de prensa o de observadores imparciales.

La familia de Alejandro Gil, sin embargo, ha solicitado públicamente que el proceso sea televisado y abierto a la opinión pública, en aras de la transparencia y el derecho a la defensa. Su hija, Laura María Gil González, reiteró en una reciente publicación:

“Mi padre no reconocerá bajo ninguna circunstancia un delito que no se le haya verificado”.

Por su parte, su hermana —abogada de profesión— declaró a 14ymedio que la inclusión del cargo de espionaje “es una excusa para impedir la publicidad del juicio” y que el régimen busca convertir el proceso en un ejemplo disciplinario para el resto de la cúpula.

Una purga política o una señal de justicia

En los últimos años, Alejandro Gil fue una de las figuras más poderosas del aparato económico del régimen. Responsable directo de la “Tarea Ordenamiento” y de la estrategia económica del país durante el periodo más agudo de la crisis, su imagen pasó de ser símbolo de “resistencia ante el bloqueo” a chivo expiatorio de un fracaso estructural.

Analistas consultados por ClickCuba sostienen que el caso tiene todos los rasgos de una purga política interna, más que de un proceso judicial genuino. “En Cuba nadie llega a esos niveles sin la aprobación del Partido y de la Seguridad del Estado. Si Gil cae, cae porque alguien dentro del poder decidió sacrificarlo”, comentó un economista independiente desde La Habana bajo condición de anonimato.

La ironía del sistema

Mientras el pueblo enfrenta apagones de hasta 21 horas, falta de alimentos básicos y salarios de miseria, el régimen intenta mostrar mano dura contra la corrupción, pero sin reconocer su propia responsabilidad en la catástrofe económica que vive la nación.

Alejandro Gil, quien durante años defendió el modelo centralizado, es hoy víctima del mismo sistema que ayudó a sostener. Su caso podría servir al régimen para simular una lucha contra la impunidad, mientras se blinda ante una crisis social que amenaza con desbordarlo.

La pregunta que queda en el aire

¿Será este juicio un acto real de justicia o una operación de control político?

La respuesta, en un país donde los tribunales obedecen al Partido y no a la ley, parece evidente.