La hija de Alejandro Gil rompe el silencio: exige transparencia total y un juicio público para su padre acusado de espionaje

El silencio oficial que rodeaba la caída del ex ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández se ha roto. Pero no lo ha hecho el régimen cubano, sino su propia hija, Laura María Gil González, quien publicó un extenso y cuidadosamente redactado comunicado en Facebook tras la nota de la Fiscalía General de la República que confirmó las acusaciones de espionaje, malversación, lavado de activos y tráfico de influencias contra su padre.

El texto ha causado un fuerte impacto dentro y fuera de Cuba. En él, Laura María invoca la Constitución de la República —concretamente los artículos 54 y 48, que reconocen el derecho a la libertad de expresión y la defensa del honor— para amparar su pronunciamiento público. Con un tono firme pero mesurado, asegura que su objetivo no es desafiar al Estado, sino exigir “transparencia total” y que el pueblo conozca los detalles de un caso que califica como de “trascendencia internacional”.

“Si no me he pronunciado antes, ha sido por mi compromiso, al igual que el resto de la familia, de proteger la imagen de nuestro país y evitar un descontento popular o un conflicto internacional”, explicó.

“Pero creo, al igual que todos los cubanos, que se debe ser totalmente transparente y dar una información completa al pueblo.”

En su mensaje, la hija del ex ministro reconoce la eficacia con la que —según ella— el Gobierno ha aplicado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero señala con ironía que “han quedado pequeños detalles sueltos” que alimentan la especulación popular. A partir de ahí, su comunicado se convierte en una interpelación directa a las autoridades.

Laura Gil formula una serie de preguntas que reflejan el sentir de una nación incrédula ante las acusaciones más graves que pesan sobre un miembro de la cúpula económica del país en décadas:

“¿Qué hizo? ¿A qué país o países nos referimos? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles fueron sus vías de comunicación? ¿Qué recibió a cambio? ¿Dónde sostuvo sus encuentros? ¿Con quién? ¿Bajo la orden directa de quién lo hacía? ¿Qué información reveló? ¿Qué pruebas tienen? ¿Cuál era su seudónimo?”

Son interrogantes que resuenan con fuerza entre los cubanos, no solo por el contenido, sino por quién las formula: la hija de uno de los hombres más cercanos al poder durante los años más críticos de la economía nacional.

Un llamado al juicio público

Uno de los puntos más significativos del comunicado es su petición de que el juicio sea público y televisado en directo, tanto por medios nacionales como internacionales.

“Me sumo a la solicitud popular de hacerle un juicio a puertas abiertas, donde participe todo el que desee, y sea televisado en vivo por la Televisión Cubana y por Cubavisión Internacional, con la participación de medios de prensa oficiales y no oficiales”, afirmó.

“Y no solo yo: Alejandro Gil también lo está exigiendo, no desde hoy, sino desde el primer día.”

Esa declaración constituye una ruptura sin precedentes con la tradición de secretismo judicial del régimen cubano. Por primera vez, un miembro directo de la familia de un alto funcionario acusa implícitamente al Estado de ocultar información al pueblo y exige que la transparencia sea “llevada a su máxima expresión”.

“Lo exige el pueblo, lo exige la familia y también lo exige Gil”

Laura María Gil insiste en que su publicación no busca atacar al Gobierno ni incitar a la violencia, sino ejercer un derecho constitucional.

“Mi publicación no es ofensiva ni destructiva. No revela secretos de Estado ni menosprecia a ninguna institución. Cualquier represalia contra mi persona o mis seres queridos sería ilegal y violatoria de mis derechos humanos.”

El cierre de su mensaje es una defensa directa de su padre, a quien describe como firme y convencido de su inocencia:

“Alejandro Gil se mantiene firme en su defensa y no reconocerá bajo ninguna circunstancia ningún delito que no le sea debidamente verificado. Confío en que el pueblo cubano será partícipe de este juicio, su alegato será correctamente comunicado y la verdad triunfará.”

El significado político del comunicado

El pronunciamiento de Laura María Gil González marca un punto de inflexión dentro del sistema cubano. No se trata de un comentario más en redes sociales, sino de una declaración pública de una figura con acceso directo al núcleo familiar de un ex alto dirigente del régimen, que hasta hace apenas meses era considerado uno de los hombres más poderosos del país.

En un entorno donde la censura y la represión de la disidencia son prácticas habituales, que la hija de un ex vice primer ministro cuestione la transparencia del proceso judicial y pida que la verdad se conozca públicamente tiene una carga política profunda. Su comunicado, sin acusar abiertamente al Gobierno, expone las fisuras dentro del poder y refleja un sentimiento compartido por millones de cubanos: el derecho a conocer la verdad.

El caso de Alejandro Gil Fernández, ahora transformado en un asunto de interés nacional e internacional, ha dejado de ser un proceso interno del Estado para convertirse en un símbolo del hartazgo ciudadano ante la opacidad institucional.

Laura Gil lo resumió en una frase que ya circula ampliamente en redes sociales:

“Lo exige el pueblo, lo exige la familia y también lo exige Gil.”