El nuevo plan económico del régimen: más control, más miseria y menos libertad

El régimen cubano ha presentado su llamado “Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía 2025”, un documento que pretende mostrar una salida a la crisis económica, pero que en realidad consolida un modelo de mayor control, represión y desigualdad.

Bajo un lenguaje técnico y promesas de “eficiencia”, el programa esconde una política de ajuste severo que traslada el peso de la crisis al pueblo mientras protege los privilegios de la cúpula gobernante.

Ajuste fiscal y fin de los subsidios

El documento reconoce abiertamente que se eliminarán los subsidios a productos básicos como la electricidad, el agua, el transporte y los alimentos, sustituyéndolos por “ayudas focalizadas a personas vulnerables”.

En la práctica, esto significa un nuevo aumento de precios en todos los servicios esenciales y una reducción drástica de la ayuda estatal, que durante años fue el último salvavidas de millones de cubanos.

El régimen llama a este proceso “racionalización del gasto público”, pero en realidad es una medida de austeridad encubierta que multiplicará la pobreza en un país donde el salario medio apenas alcanza los 3.000 pesos cubanos.

Dolarización y desigualdad

El programa confirma lo que muchos cubanos ya viven: la dolarización parcial llegó para quedarse.

El Gobierno mantendrá las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) y creará mecanismos “controlados” para que solo una parte de la población acceda a productos de primera necesidad.

Mientras los dirigentes culpan al embargo, ellos mismos consolidan un sistema dual en el que los que tienen dólares comen y los que no, sobreviven.

La dolarización ha convertido al peso cubano en papel sin valor y a las remesas familiares en el único motor real de la economía.

Bancarización forzada y control total

El régimen profundiza la “bancarización” de las operaciones para imponer un control absoluto sobre las finanzas de los cubanos y de las pequeñas empresas privadas.

A través de la digitalización obligatoria de pagos, la fiscalización electrónica y los cobros automáticos de impuestos, el Estado busca asfixiar el mercado informal y vigilar cada transacción económica.

Bajo el argumento de combatir la evasión fiscal, se consolida un sistema de control financiero que elimina la privacidad económica de los ciudadanos.

Producción nacional sin libertad

Aunque el programa promete “aumentar la producción de alimentos”, mantiene intacto el esquema estatal de acopio y precios impuestos desde La Habana.

Los campesinos seguirán atados a la burocracia, sin libertad para vender directamente sus productos o importar insumos libremente.

El resultado será el mismo de siempre: campos abandonados, mercados vacíos y precios inalcanzables.

La empresa estatal, intocable

El texto anuncia la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, que concentrará aún más el poder en manos del Estado, bajo la excusa de “modernizar la empresa socialista”.

En lugar de abrir el mercado o fomentar la competencia, el régimen protege a las empresas ineficientes que durante décadas han sido un lastre para la economía.

Mientras tanto, las MIPYMES privadas seguirán bajo vigilancia, sujetas a impuestos excesivos, restricciones arbitrarias y una burocracia asfixiante.

Más represión, menos derechos

Uno de los capítulos más reveladores del programa está dedicado a la “Defensa y Seguridad Nacional”.

Allí se refuerza el papel del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, con un llamado explícito a enfrentar la “subversión político-ideológica”.

En otras palabras, el Gobierno prioriza la represión antes que la producción.

No hay una sola línea sobre apertura política, participación ciudadana real o libertad de prensa. Lo que sí hay es un plan para perfeccionar la vigilancia y el control sobre la población.

Ciencia y comunicación al servicio del régimen

Bajo el disfraz de “innovación y transformación digital”, el programa busca fortalecer los mecanismos de propaganda y censura.

La llamada “gestión de la comunicación social” no apunta a democratizar la información, sino a perfeccionar el discurso oficial y su control sobre las redes.

Conclusión: un país empobrecido y controlado

El “Programa para corregir distorsiones” no corrige nada.

No ofrece soluciones reales ni reformas estructurales.

Evita reconocer el fracaso del modelo socialista y, en su lugar, profundiza la dolarización, el control estatal y la represión.

Para los cubanos, las consecuencias serán inmediatas: más impuestos, más inflación, más pobreza y menos libertad.

El régimen habla de “reimpulsar la economía”, pero lo que realmente impulsa es la desesperanza de un pueblo cansado de pagar los errores de un sistema que no funciona.