Petro y su intento de Constituyente: un peligroso paso hacia el autoritarismo en Colombia

El presidente Gustavo Petro ha vuelto a poner sobre la mesa su idea de convocar una Asamblea Constituyente, una propuesta que, más allá de su envoltorio populista, representa un intento de alterar los pilares de la Constitución de 1991, una de las más democráticas y garantistas de América Latina. La iniciativa, según juristas y analistas políticos, no solo carece de sustento jurídico, sino que vulnera la institucionalidad del país y la separación de poderes.

Petro pretende justificar su propuesta con el argumento de “profundizar la democracia”, pero la realidad es que busca concentrar poder al estilo de Hugo Chávez en Venezuela. Tal como ocurrió en el país vecino, el discurso de “refundar la nación” encubre una ambición autoritaria: debilitar los contrapesos institucionales que hoy limitan el alcance del Ejecutivo.

El camino que propone el mandatario colombiano no pasa por los mecanismos legales previstos en la propia Carta Magna. Para convocar una Constituyente se requiere la aprobación del Congreso de la República, un paso que hasta el momento luce improbable. Senadores y Representantes de diversos partidos han advertido que el trámite, tal como lo impulsa el gobierno, es abiertamente inconstitucional y violatorio de la norma jurídica colombiana.

El Congreso ha recordado que ninguna autoridad, ni siquiera el Presidente de la República, puede alterar la Constitución sin seguir los procedimientos establecidos en el artículo 374 y siguientes. Cualquier intento de hacerlo por vías de hecho o presiones políticas sería un golpe directo al Estado de Derecho.

A juicio de muchos observadores, la insistencia de Petro en este tema no es más que un nuevo distractor en medio de su caída de popularidad y del inicio del calendario electoral de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Con la economía estancada, la inseguridad en aumento y escándalos de corrupción que salpican a su entorno, el mandatario busca desviar la atención y movilizar a su base ideológica con la promesa de una “segunda independencia”.

Sin embargo, Colombia no es Venezuela. El país cuenta con una sociedad civil activa, una prensa libre y una institucionalidad que, pese a los intentos del Ejecutivo por erosionarla, sigue siendo sólida. El mensaje que ha dado el Congreso es claro: no se permitirá que el capricho de un solo hombre ponga en riesgo más de tres décadas de avances democráticos.

El futuro de esta propuesta dependerá, en última instancia, de la fortaleza de las instituciones y del compromiso ciudadano con la defensa de la Constitución de 1991, símbolo de libertad, derechos y equilibrio de poderes. Frente a las tentaciones autoritarias, Colombia debe reafirmar su decisión de permanecer en la senda de la democracia.