
Protestas en Madagascar: militares se unen a las protestas y el país se aproxima a un punto de quiebre
Madagascar atraviesa su momento más tenso en más de una década. Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas por los cortes de electricidad y agua se ha transformado en una rebelión popular y militar que pone en jaque al presidente Andry Rajoelina, en el poder desde 2019.
De los apagones al estallido social
Las protestas iniciaron el 25 de septiembre en la capital, Antananarivo, bajo el lema “Leo Délestage” —que significa “cansados de los cortes”—, un movimiento impulsado mayormente por jóvenes de la llamada Generación Z.
Lo que comenzó como una queja por la crisis energética se convirtió rápidamente en un clamor contra la corrupción, la desigualdad y la falta de transparencia del gobierno.
De acuerdo con las Naciones Unidas, las manifestaciones han dejado al menos 22 personas muertas y más de un centenar de heridos. Organizaciones civiles denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades para intentar sofocar las marchas.
Respuesta fallida del gobierno
En un intento de calmar los ánimos, el presidente Rajoelina disolvió su gabinete el 29 de septiembre y días después nombró como nuevo primer ministro al general Ruphin Fortunat Zafisambo, buscando apoyo dentro de las fuerzas armadas.
Sin embargo, la estrategia no tuvo el efecto esperado: las protestas continuaron y el malestar se extendió a otras regiones del país.
Motín militar y acusaciones de golpe de Estado
La situación dio un giro decisivo el 11 de octubre, cuando una unidad militar de élite, conocida como CAPSAT (Cuerpo de Administración y Servicios del Ejército), anunció que no obedecería órdenes de reprimir las protestas y se unió al movimiento ciudadano.
Los militares rebeldes declararon que asumían el control de las fuerzas armadas y designaron como nuevo jefe del Estado Mayor al general Demosthene Pikulas, desplazando a oficiales leales al gobierno.
Ante estos hechos, el presidente denunció públicamente un intento de golpe de Estado, calificando las acciones del CAPSAT como un “intento ilegal de toma del poder”.
“Se está intentando arrebatar por la fuerza lo que pertenece al pueblo mediante el voto”, declaró Rajoelina, quien ha hecho un llamado al diálogo y a la calma nacional.
Reacciones y medidas internacionales
La Unión Africana expresó “grave preocupación” por la crisis y pidió una solución pacífica y respetuosa del orden constitucional.
Por su parte, Air France anunció la suspensión temporal de sus vuelos hacia Antananarivo por motivos de seguridad.
Diversos gobiernos africanos han instado a ambas partes a retomar las negociaciones, mientras la población mantiene las protestas en las calles, ahora bajo la protección de parte del ejército.
Un país al borde del colapso
La rebelión militar refleja el deterioro institucional de Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, donde más del 70 % de la población vive en condiciones de precariedad.
La combinación de pobreza, corrupción y ausencia de servicios básicos ha generado una explosión social que ya amenaza con desbordar el control del Estado.
Los analistas coinciden en que el país se encuentra en una encrucijada:
Una transición negociada podría abrir paso a un gobierno provisional y elecciones anticipadas. Un golpe militar consolidado podría derivar en represión y aislamiento internacional. La continuidad de Rajoelina sin reformas profundas solo agravaría el descontento.
El reflejo de un patrón global
La crisis en Madagascar ilustra cómo el hartazgo social, amplificado por las redes digitales y protagonizado por una nueva generación, puede sacudir estructuras autoritarias.
Al igual que en otros países, el uso de Internet y la movilización juvenil están redefiniendo la relación entre Estado y ciudadanía, con un mensaje claro: los pueblos ya no toleran la corrupción ni el abuso del poder.







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