Madre cubana denuncia sentencia que permitiría a padre condenado por abusos sexuales recuperar la patria potestad en tres años

Maylen María Díaz Delgado, madre de una menor víctima de abusos sexuales por parte de su propio padre, ha dirigido una carta abierta a las más altas instancias del Estado cubano exigiendo la revisión inmediata de una sentencia que, según denuncia, deja a su hija expuesta a un grave riesgo futuro.

El caso, tramitado bajo la causa 60/2023 y el expediente de fase preparatoria 64/2023 por la Unidad Territorial de Investigaciones Criminales y Operaciones de Camagüey, concluyó con la condena del agresor a cuatro años de privación de libertad y la restricción temporal de la responsabilidad parental por solo tres años.

Para Díaz Delgado, esta sanción accesoria es “absolutamente irresponsable” y contradice la Constitución cubana, el Código Penal, el Código de las Familias, así como tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Cuba es signataria desde 1991.

“Al término de apenas tres años el agresor puede reclamar nuevamente sus derechos sobre la niña, lo que representa un riesgo inaceptable y una violación a la obligación estatal de proteger a los menores de edad”, advierte la madre en su misiva.

Contradicciones legales señaladas

La denunciante sostiene que la sentencia no se ajusta a lo establecido en la Ley 156, inciso (d) del Código de las Familias (2022), que estipula que la responsabilidad parental se extingue de forma definitiva cuando un padre o madre es condenado por un delito contra su hijo menor. También cita el artículo 157.1 del mismo cuerpo legal y el artículo 426 del Código Penal, que respaldan la privación permanente de la patria potestad en casos de delitos sexuales contra menores.

Asimismo, recuerda que el artículo 86 de la Constitución obliga a que el interés superior del niño prime en todas las decisiones judiciales, y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —del cual Cuba es Estado Parte— garantiza la protección especial de los menores.

Exigencia de revisión

La madre denuncia que la resolución judicial es “arbitraria, incongruente y alejada del marco jurídico nacional e internacional”, y asegura que ha dejado a su hija “desprotegida frente a su agresor”.

“Llevo tres años peleando incluso contra las instituciones que debían proteger a mi hija. Es hora ya de poner fin”, señala Díaz Delgado, quien advierte que una decisión correcta “salvaría al Estado cubano de toda responsabilidad en lo que a futuro pudiera suceder”.

La carta será enviada por correo postal y también presentada formalmente mediante representación legal ante el Tribunal Supremo Popular, el Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y el propio Miguel Díaz-Canel.