Récord histórico de presos políticos en Cuba: 1.176 encarcelados por oponerse al régimen

Prisoners Defenders ha revelado en su más reciente informe, correspondiente al mes de julio de 2025, que Cuba ha alcanzado un nuevo récord de presos políticos: 1.176 personas privadas de libertad por motivos de conciencia, expresión o protesta contra el régimen. Esta cifra, la más alta registrada hasta la fecha, incluye 25 nuevos prisioneros políticos solo en julio, en un contexto de creciente represión estatal ante el descontento generalizado por la crisis económica, los apagones, la falta de alimentos y la ausencia de libertades fundamentales.

Protestar en Cuba se paga con años de cárcel

De los nuevos encarcelados, 17 fueron detenidos durante las protestas de marzo de 2024 en Granma, motivadas por la escasez de medicinas, alimentos y los apagones de hasta 15 horas. Entre ellos hay tres miembros de una misma familia: René Aguilera Aguilar, su esposa Odalys Zamora Rondón y su hijo Juan Carlos Verdó Zamora, quien fue apresado con apenas 18 años y aún no conoce su acusación formal.

Otros nombres incluidos en la lista de julio son Luis Ángel Cuza Alfonso, periodista encarcelado en el Combinado del Este, Alfredo González, detenido por exigir justicia por el suicidio de su hijo durante el servicio militar, y Ricardo Román Suárez Marrero, un ex teniente coronel del MININT condenado a 18 años por publicar críticas al régimen tras abandonar las filas del aparato represivo.

Las mujeres: doblemente castigadas

El informe dedica una sección especial a la situación de 124 mujeres presas políticas, de las cuales 45 permanecen en condiciones infrahumanas en prisión. Entre los casos más dramáticos está el de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años por publicar un vídeo que mostraba violencia policial contra menores. También el de Lizandra Góngora, activista y madre de cinco hijos, condenada a 14 años y trasladada a una prisión lejana a su familia como castigo adicional.

Otras mujeres, como Misleidys Rodríguez Mas, Dayamí Villavicencio y Aliucha Herrera, han sido encarceladas por protestar o defender a sus hijos presos. La represión alcanza incluso a madres de prisioneros, como Idolidia Carrasco Lobo, golpeada y arrastrada por la policía durante una protesta pacífica, y posteriormente condenada a 4 años de prisión.

Revocados a prisión por desobedecer condiciones represivas

El informe denuncia que al menos cinco presos políticos que habían sido liberados bajo condiciones carcelarias domiciliarias han sido devueltos a prisión, entre ellos el líder opositor José Daniel Ferrer, quien fue perseguido por su intensa labor humanitaria en Santiago de Cuba tras su excarcelación.

Ni los menores se salvan

Cuba mantiene a 33 menores bajo medidas penales sin tutela judicial, muchos de ellos por participar en manifestaciones pacíficas. 15 de estos menores han sido condenados por sedición, con penas promedio de 5 años de cárcel. El régimen los recluye en centros penitenciarios disfrazados de “escuelas de formación integral”, según denuncias corroboradas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Un sistema judicial sin justicia

Prisoners Defenders advierte que los llamados tribunales en Cuba son meras extensiones del Partido Comunista, sin independencia ni garantía de defensa para los acusados. Fiscales, jueces y abogados responden a las órdenes de la Seguridad del Estado, y las condenas son dictadas antes de cualquier juicio. Este montaje jurídico ha sido reiteradamente condenado por Naciones Unidas, que ha calificado el sistema como violador sistemático del debido proceso.

Cifras alarmantes

Desde el 1 de julio de 2021 hasta julio de 2025, Cuba ha encarcelado a 1.869 personas por razones políticas. Según el informe, 474 prisioneros tienen patologías graves no tratadas y 40 sufren trastornos mentales sin atención médica.

La organización clasifica los 1.176 prisioneros en tres categorías:

691 convictos de conciencia 449 condenados de conciencia 36 clasificados como “otros presos políticos”

Mientras el régimen cubano intenta proyectar una imagen de normalidad y apertura al mundo, el informe de Prisoners Defenders expone con crudeza la otra cara: una represión sistemática contra ciudadanos comunes, activistas, menores de edad y hasta antiguos miembros del aparato militar, cuyo único “delito” ha sido pensar, opinar o exigir condiciones de vida dignas.