El Salvador aprueba la reelección presidencial indefinida y allana el camino a un nuevo mandato de Bukele

La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, suprime los límites constitucionales y extiende los mandatos presidenciales a seis años

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma constitucional que elimina los límites a la reelección presidencial y extiende el periodo presidencial de cinco a seis años. Con 57 votos a favor y solo tres en contra, el bloque parlamentario liderado por el partido oficialista Nuevas Ideas avaló una modificación que permite al presidente Nayib Bukele postularse de forma indefinida a la jefatura del Estado.

La reforma también elimina la segunda vuelta electoral y adelanta la fecha de las próximas elecciones presidenciales al año 2027, lo que implica que el mandato actual concluirá el 1 de junio de ese año, un año antes de lo previsto originalmente. La iniciativa fue presentada por la diputada Ana Figueroa, quien defendió la medida bajo el argumento de que “el pueblo debe tener el derecho a decidir cuántas veces quiere reelegir a un presidente”.

Desde 2021, el camino hacia la reelección inmediata había sido despejado por una controvertida sentencia de la Sala de lo Constitucional —reconfigurada por el propio oficialismo— que revirtió la interpretación previa que impedía mandatos consecutivos. Esa decisión permitió que Bukele se postulara y ganara las elecciones de 2024, pese a los cuestionamientos de juristas y organismos internacionales.

Con esta nueva reforma, el presidente podrá buscar un tercer mandato consecutivo, esta vez sin límite constitucional, iniciando un periodo de seis años y abriendo la posibilidad de permanecer en el poder por tiempo indefinido.

Críticas desde la oposición y la sociedad civil

Organizaciones de derechos humanos y voces de la oposición han calificado la medida como un atentado a la democracia y una consolidación del poder personalista. La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, denunció que el procedimiento se llevó a cabo sin consulta ciudadana ni debate suficiente, y alertó sobre los riesgos de establecer una “dictadura moderna con apariencia de legalidad”.

Desde la sociedad civil, la organización Cristosal advirtió sobre un patrón de debilitamiento institucional y hostigamiento a quienes disienten del régimen. Varios de sus miembros han sido forzados al exilio en los últimos meses, en medio de denuncias de persecución política.

Analistas políticos han comparado la reforma con los modelos autoritarios de Venezuela y Nicaragua, subrayando que la eliminación de límites al poder ejecutivo y el desmantelamiento de los controles institucionales son señales claras de una regresión democrática.

Popularidad vs. concentración de poder

Pese a las críticas, Bukele mantiene altos niveles de aprobación popular, gracias en parte a su política de “mano dura” contra las pandillas y a una narrativa que presenta sus reformas como necesarias para “refundar” el país. Sus partidarios sostienen que la continuidad en el liderazgo es esencial para consolidar los cambios iniciados durante su mandato.

Sin embargo, sectores académicos y observadores internacionales insisten en que la popularidad no puede ser justificación para desmantelar los mecanismos de alternancia en el poder. “Las democracias no se construyen con líderes fuertes eternos, sino con instituciones sólidas que garanticen la rotación, la pluralidad y la libertad”, declaró un representante de Human Rights Watch.

Un nuevo ciclo incierto

Con las elecciones adelantadas a 2027 y la posibilidad de reelección indefinida ya aprobada, Nayib Bukele podría convertirse en uno de los presidentes con más tiempo continuo en el poder desde el fin del conflicto armado salvadoreño. La reforma constitucional marca un giro profundo en la historia política del país y genera incertidumbre sobre el futuro de la democracia salvadoreña.

Mientras el oficialismo celebra lo que considera una victoria del pueblo sobre las élites tradicionales, las voces críticas alertan sobre un retroceso que podría tener consecuencias graves e irreversibles para el Estado de derecho.