Maduro consolida el fraude: un año después de perder las presidenciales, impone elecciones municipales sin legitimidad

A un año exacto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que consagraron como presidente legítimo de Venezuela a Edmundo González Urrutia, el régimen de Nicolás Maduro organizó este domingo unas elecciones municipales plagadas de irregularidades, sin garantías democráticas, y con el único objetivo de simular una institucionalidad que ya no existe. Lo que debía ser un ejercicio de descentralización y participación ciudadana, terminó siendo un nuevo montaje para perpetuar el poder absoluto del chavismo.

Elecciones sin legalidad ni legitimidad

Estas elecciones no solo carecen de legitimidad democrática, sino también de legalidad constitucional. Nicolás Maduro ocupa ilegítimamente el poder tras desconocer los resultados oficiales de las presidenciales de 2024, en las que Edmundo González obtuvo una victoria clara y abrumadora con más del 70 % de los votos, según actas certificadas por los testigos opositores y observadores independientes. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó fraudulentamente a Maduro como ganador, dando inicio a un nuevo ciclo de usurpación del poder.

Desde entonces, el régimen ha profundizado la represión y ha eliminado cualquier vestigio de separación de poderes. Convocar elecciones municipales en este contexto no representa una práctica democrática, sino una operación de maquillaje para consolidar el control total del territorio y presentarse ante el mundo como un gobierno que “funciona”, cuando en realidad Venezuela vive bajo una dictadura de facto.

Un proceso amañado y sin oposición real

La gran mayoría de los partidos opositores agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática boicotearon estos comicios, denunciando que no existían condiciones mínimas para participar. La persecución judicial, la inhabilitación arbitraria de dirigentes, el secuestro del sistema electoral y la censura a los medios convirtieron la campaña en un simulacro. A esto se sumó la ausencia de observación internacional creíble y la falta total de transparencia en la conformación de las mesas y el conteo de votos.

Pese a todo, el régimen anunció con tono triunfal que el chavismo había ganado el 85 % de las alcaldías del país, incluyendo Caracas y Maracaibo, mientras el CNE afirmaba una participación del 44 %. Sin embargo, organizaciones civiles independientes han reportado una abstención masiva, con centros de votación vacíos durante todo el día y numerosos casos de coacción al voto, especialmente en zonas rurales y bajo control de los colectivos armados.

Un país bajo represión

Desde las elecciones presidenciales del año pasado, Venezuela ha sido escenario de más de 1.900 detenciones políticas. Líderes como María Corina Machado se mantienen en la clandestinidad o en el exilio, y decenas de dirigentes locales han sido encarcelados o perseguidos para impedir cualquier organización alternativa. Las alcaldías y gobernaciones han sido ocupadas por figuras leales al PSUV, sin importar la voluntad de las comunidades, como parte de una estrategia de ocupación territorial.

Incluso en las pocas zonas donde ganaron candidatos opositores tolerados por el régimen, como en Chacao, Baruta y El Hatillo, se teme una posterior intervención por vía judicial o administrativa, una práctica común en los últimos años para neutralizar cualquier espacio de poder alternativo.

El cinismo de una “victoria”

Maduro celebró el resultado calificándolo como una “victoria histórica del pueblo”. Pero nadie ignora que ese pueblo fue excluido del proceso. El país real, empobrecido, sin servicios básicos, sin libertades, no estuvo representado en estas elecciones. El único objetivo fue consolidar el aparato de control territorial y administrativo del chavismo, en medio de un colapso institucional total.

Estas elecciones no fueron un ejercicio democrático, sino una operación de propaganda para un régimen que perdió las presidenciales y se niega a soltar el poder. A un año del robo electoral más descarado de su historia reciente, Venezuela vive bajo un simulacro de democracia que solo engaña a quienes desean mirar hacia otro lado.

La comunidad internacional no puede seguir reconociendo como “autoridad de facto” a quien ha convertido el poder en una trinchera de represión y corrupción. Lo ocurrido este 27 de julio no fortalece la democracia, la sepulta aún más.