
Régimen cubano califica a UNPACU de “terrorista” y provoca condena internacional
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba denuncia la inclusión de la organización opositora en lista oficialista de “terrorismo” como una violación grave del derecho internacional.
El régimen cubano ha incluido recientemente a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en una lista gubernamental de organizaciones supuestamente vinculadas al terrorismo, generando un fuerte rechazo dentro y fuera de la isla. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial y ha sido condenada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), que califica esta acción como una violación flagrante de los derechos humanos y una peligrosa criminalización del activismo pacífico.
La UNPACU, presidida por el reconocido opositor José Daniel Ferrer García, es una organización prodemocrática fundada en Cuba que ha promovido durante más de una década la resistencia no violenta, la denuncia de violaciones de derechos humanos, la ayuda humanitaria a sectores vulnerables y el empoderamiento ciudadano. Ferrer ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional en múltiples ocasiones y es víctima constante de persecución estatal.
El CTDC considera que esta designación forma parte de una estrategia de “terrorismo de Estado” para justificar el uso sistemático de la represión contra la oposición. Según el comunicado difundido, la criminalización de la UNPACU viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Cuba es signataria, y contradice lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas.
Entre las violaciones denunciadas se destacan agresiones físicas sistemáticas contra Ferrer dentro de la prisión de Mar Verde, su aislamiento con reclusos violentos con fines intimidatorios, la negación de asistencia médica, la falta de acceso a alimentos y medicamentos proporcionados por su familia, y condiciones penitenciarias que recuerdan a campos de reclusión clandestinos. También se han reportado ataques contra la sede de UNPACU y agresiones físicas a su esposa, la doctora Nelva Ismarays Ortega, incluso durante su embarazo.
Estas denuncias han sido documentadas por Prisoners Defenders y presentadas ante organismos internacionales como el Parlamento Europeo y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
El CTDC exige la liberación inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos, el cese de la campaña de difamación contra la UNPACU, y el acceso de una misión internacional independiente a las cárceles cubanas. Además, reclama la aprobación de una Ley de Amnistía y la despenalización del disenso político como pasos esenciales hacia una solución democrática.
“La responsabilidad internacional ante estos crímenes no prescribe, y quienes los cometen deberán responder ante la justicia, hoy o mañana”, advierte el comunicado. “El pueblo cubano no pertenece al Estado; es el Estado quien debe servir al pueblo”.
El intento de equiparar el activismo pacífico con el terrorismo revela el carácter represivo del régimen cubano y busca silenciar a quienes se atreven a pensar diferente. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante esta nueva escalada de represión.







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