Régimen cubano amplía su lista de “terroristas” para seguir criminalizando la disidencia

El régimen cubano volvió a utilizar su “Lista Nacional de Personas y Entidades vinculadas al terrorismo” como herramienta política para perseguir a opositores, activistas y ciudadanos que piensan diferente. A través de la Resolución 13/2025, publicada en la Gaceta Oficial y notificada a organismos internacionales, el Ministerio del Interior incorporó cinco personas residentes en Estados Unidos y una organización opositora: el Partido Republicano de Cuba.

Con esta actualización, el listado asciende a 62 individuos y 20 organizaciones. Aunque el gobierno afirma actuar en cumplimiento de compromisos internacionales como la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, la mayoría de los incluidos no han sido procesados judicialmente ni se han presentado pruebas públicas que justifiquen su acusación.

Los nuevos nombres en la lista

Los cinco ciudadanos cubanos añadidos son:

Rolando Miguel Pérez Ruiz y Leordan Cruz Gómez, señalados por el régimen como responsables del ingreso de armas por la costa norte de Matanzas, en el marco del expediente 551/2023.

Hamlet Pedraza Rivas, acusado de actos de sabotaje en Villa Clara, bajo el expediente 698/2023.

Armando Labrador Coro y Seriocha Humberto Fernández Rojas, ambos vinculados a la organización “Cuba Primero” y presuntamente involucrados en el financiamiento de acciones contra instalaciones estatales, según el expediente 49/2024.

A ellos se suma el Partido Republicano de Cuba, con sede en el exilio, como nueva entidad “terrorista” según el gobierno de La Habana.

Una lista hecha a medida

Desde su publicación inicial en diciembre de 2023, la lista ha incluido figuras como Alexander Otaola, Eliecer Ávila, Liu Santiesteban, Alain Paparazzi Cubano y Ultrack, todos conocidos por su activismo digital contra el régimen. En lugar de enfocarse en amenazas reales, la selección parece responder a criterios ideológicos más que jurídicos.

El régimen insiste en que se trata de individuos que promueven la violencia a través de redes sociales, lo que ha denominado “ciberterrorismo”. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que esta lista es parte de una estrategia más amplia de criminalización de la oposición y de construcción de un marco legal para posibles represalias, bloqueos financieros o solicitudes de extradición.

Sin garantías, sin pruebas

Ninguna de las personas nombradas ha tenido acceso a un debido proceso en tribunales independientes. Tampoco se han hecho públicos los documentos probatorios ni las acusaciones en detalle, lo cual viola principios básicos del derecho internacional.

Más allá del carácter simbólico de esta “lista nacional de terroristas”, el régimen la utiliza como argumento político para desacreditar a la disidencia cubana y enviar un mensaje intimidatorio a quienes desde el exilio apoyan la lucha por la democracia en la isla.

ClickCuba continuará dando seguimiento a los efectos de esta medida y a las reacciones internacionales ante el uso de leyes antiterroristas como herramienta de represión política.