Fiscalía cubana pide más de cinco años de cárcel para Julio César Duque de Estrada Ferrer pese a evidencias de abuso policial

La Fiscalía del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba ha solicitado una condena de cinco años y seis meses de prisión contra Julio César Duque de Estrada Ferrer, un ciudadano cubano de 55 años, bajo los cargos de desobediencia, atentado y resistencia. Sin embargo, el relato oficial recogido en las conclusiones provisionales de la fiscal Lenna Sardina Santana contradice los hechos reales denunciados por el propio afectado y por testigos, quienes aseguran que Estrada Ferrer fue víctima de un arresto arbitrario y una golpiza brutal a manos de agentes vestidos de civil.

Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2024 en la ciudad de Santiago de Cuba. Según la versión de la fiscalía, Julio César se encontraba utilizando su teléfono celular en un punto céntrico entre Trocha y Princesa, cuando fue abordado por el oficial Mario Raciel Soulary Garcés, quien supuestamente realizaba una operación de rutina. El expediente asegura que Estrada se negó a entregar su carnet de identidad, intentó grabar con su teléfono, abofeteó al agente, se resistió al arresto y arrojó su móvil al suelo, lo que habría justificado el uso de la fuerza y su posterior reducción con un alambre.

Sin embargo, la denuncia publicada por ClickCuba en octubre de 2024 detalla una realidad muy distinta. Estrada Ferrer, un hombre sin antecedentes penales ni afiliación a organizaciones opositoras, fue sorprendido por varios sujetos vestidos de civil que nunca se identificaron como agentes del orden. “Pensé que me estaban asaltando”, declaró Estrada entonces, explicando que su reacción fue de desconcierto y miedo. Los testigos del hecho confirmaron que no hubo agresión previa de su parte, y que la violencia fue ejercida unilateralmente por los presuntos agentes, quienes lo tiraron al suelo, le propinaron golpes en la cabeza y lo esposaron de forma violenta.

Estrada fue llevado a una unidad policial sin recibir explicación alguna sobre los motivos del arresto, y permaneció incomunicado durante días. A pesar de su estado físico, no fue trasladado a un centro médico. Su encarcelamiento fue formalizado cuatro días después, el 9 de septiembre de 2024, cuando fue remitido a la prisión de Aguadores bajo prisión provisional. Desde entonces, permanece recluido en espera de juicio.

El documento fiscal, fechado el 14 de mayo de 2025, solicita al tribunal que abra causa a juicio oral contra el acusado y propone la imposición de una condena fragmentada por cada delito imputado: un año por desobediencia, cuatro años por atentado y diez meses por resistencia. Además, invoca agravantes del Código Penal, como supuesta peligrosidad social, a pesar de que el mismo texto reconoce que Estrada “no tiene antecedentes penales, ni consta como contrarrevolucionario activo”.

El caso de Julio César Duque de Estrada Ferrer revela el funcionamiento represivo del sistema penal cubano, en el que la palabra de un oficial basta para justificar un proceso judicial, incluso cuando existen contradicciones evidentes y testimonios de abuso. El hecho de que el arresto fuera ejecutado por agentes de civil y que el imputado no tuviera cómo saber que eran policías cuestiona gravemente la legalidad del procedimiento, especialmente en un contexto como el cubano, donde los asaltos callejeros también son frecuentes.

Organizaciones de derechos humanos y medios independientes, han denunciado que se está intentando criminalizar a una víctima de abuso policial, construyendo una narrativa falsa que busca justificar el uso excesivo de la fuerza. Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha exacta del juicio.

Desde su celda en Aguadores, Julio César ha reafirmado su inocencia y ha exigido un proceso justo. Su caso se ha convertido en un símbolo más del uso de la ley en Cuba como herramienta para encubrir la violencia institucional, especialmente contra ciudadanos comunes que no cuentan con protección política ni visibilidad internacional.