Trump ordena “auto-deportación” de más de medio millón de migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos

En un nuevo giro que pone en jaque la estabilidad de cientos de miles de migrantes latinoamericanos, el gobierno de Donald Trump ha ordenado la revocación inmediata del programa de parole humanitario que amparaba a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Más de 530.000 personas serán obligadas a abandonar Estados Unidos, muchas de ellas tras haber ingresado legalmente y con patrocinadores aprobados durante la administración Biden.

La promesa truncada

Este programa —conocido como CHNV— fue lanzado en 2022 con la intención de ofrecer una vía segura y legal a quienes huían de crisis humanitarias extremas. Permitía a los migrantes entrar por vía aérea, evitar el cruce fronterizo irregular y obtener un permiso de permanencia y trabajo temporal por dos años.

Hoy, esa promesa se derrumba. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo Trump ha enviado correos electrónicos a los beneficiarios del programa exigiéndoles abandonar el país “de forma voluntaria” o enfrentar una deportación forzosa. A quienes decidan irse se les ofrece un incentivo económico de 1.000 dólares y ayuda con los boletos de avión a través de la aplicación CBP One.

La medida: una “limpieza administrativa”

Lejos de reconocerles haber seguido los canales legales, el nuevo gobierno considera ahora que el parole fue una vía de “abuso del sistema”, según declaraciones oficiales. Se acusa al programa de ser “demasiado permisivo” y de haber afectado al “trabajador estadounidense”, aunque no se presentaron cifras que respalden tal afirmación.

En la práctica, esta decisión equivale a una política de “auto-deportación” disfrazada de legalidad. Una especie de limpieza administrativa contra quienes llegaron huyendo de dictaduras, persecuciones políticas, violencia extrema o colapsos económicos.

Impacto humano: incertidumbre y miedo

En ciudades como Miami, Houston o Nueva York, el anuncio ha generado pánico. Miles de familias que habían comenzado a reconstruir sus vidas con empleos, viviendas y hasta hijos escolarizados, ahora enfrentan la amenaza de ser expulsados sin derecho a proceso.

Para los cubanos en particular, la medida tiene implicaciones graves: regresar a la isla tras haber pedido asilo en EE. UU. puede equivaler a una condena política o persecución inmediata. Muchos han denunciado que fueron engañados por el sistema, cumplieron con todos los requisitos legales y ahora están siendo tratados como una carga.

¿Qué hay detrás?

Más allá de los argumentos oficiales, esta medida parece responder a una agenda ideológica que busca desmantelar todas las políticas migratorias del periodo Biden. En medio de la campaña electoral de 2024, el gobierno de Trump apuesta por una retórica de mano dura que criminaliza la migración, incluso la que llegó por canales legales.

Diversos grupos de defensa de los migrantes han calificado esta medida como “cruel”, “arbitraria” y contraria a los principios de justicia y humanidad. “Están castigando a las personas que hicieron todo bien. Les dieron documentos, trabajo, estabilidad… y ahora los mandan a la calle”, denunció un abogado de inmigración en Miami.

¿Qué opciones quedan?

Organizaciones civiles ya están preparando demandas colectivas para frenar las deportaciones, mientras otros migrantes intentan obtener otro tipo de estatus migratorio. Pero el proceso es lento y costoso. Muchos no tendrán más opción que salir, aún sin saber a dónde ir.

La decisión marca un antes y un después en la política migratoria de EE. UU., y podría tener un impacto devastador en comunidades enteras, especialmente en el exilio cubano, venezolano y nicaragüense.

ClickCuba continuará dando voz a los afectados y denunciando cada atropello. Porque lo legal no siempre es lo justo. Y lo justo, en este caso, es no abandonar a quienes buscaron refugio bajo promesas que hoy se rompen con cinismo.