
La UCO publica la corrupción de altos mandos del PSOE
El informe de la UCO revela una red de corrupción sistémica ligada a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán: sobornos, adjudicaciones manipuladas y vínculos con empresarios
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 5 de junio de 2025 y de casi 500 páginas, ha destapado lo que califica como una trama de corrupción “estructural y continuada” vinculada a altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el centro de la red se sitúan el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García Izaguirre, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. La investigación, desarrollada durante más de cuatro años, revela la adjudicación de contratos públicos multimillonarios a cambio de sobornos y favores políticos.
Una red que operaba desde el corazón del poder
La UCO considera que Koldo García actuó como intermediario clave en una estructura piramidal que favoreció a determinadas constructoras como Acciona, OPR, y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Los contratos investigados están valorados en más de 500 millones de euros, y corresponden a obras ejecutadas en varias ciudades españolas entre 2019 y 2021.
El mecanismo era claro: empresas cercanas a Koldo obtenían ventajas indebidas en las licitaciones del Ministerio de Transportes (MITMA), en aquel entonces bajo control de Ábalos. A través de filtración de información técnica, manipulación de puntuaciones en las mesas de contratación y presión política, se aseguraba que esas empresas ganaran los concursos.
Uno de los ejemplos más contundentes fue la adjudicación de una obra en Sant Feliu de Llobregat, donde la empresa LIC fue beneficiada pese a haber presentado la segunda peor oferta económica. La puntuación técnica compensó la diferencia, levantando sospechas entre los investigadores .
Las grabaciones que comprometen a la cúpula del PSOE
El hallazgo más revelador del informe fueron varias grabaciones recuperadas de los dispositivos de Koldo García, quien, según la UCO, grababa habitualmente sus conversaciones con dirigentes del partido. En estos audios, se escuchan discusiones con José Luis Ábalos y Santos Cerdán acerca de pagos irregulares, distribución de beneficios y tensiones por la gestión del dinero recibido.
En una conversación, Koldo reclama a Cerdán un pago pendiente y amenaza con “tirar de la manta” si no se le compensa por su trabajo en la trama. En otra, se escucha a Ábalos referirse a una “compensación pactada” con una de las constructoras, lo que según los investigadores podría constituir un indicio claro de cohecho .
Pagos en efectivo, dinero en sobres y favores políticos
El empresario Víctor de Aldama, también investigado, declaró haber entregado a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo desde 2019 hasta 2021. Parte de ese dinero, según la UCO, iba destinado directamente a Ábalos y a otras figuras del entorno del MITMA.
Un episodio clave fue la supuesta entrega de 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán para mediar en una licitación en el norte de España. El informe indica que Cerdán tenía influencia directa sobre las decisiones políticas en esa zona y que desbloqueó una adjudicación en favor de una de las constructoras aliadas .
Más allá del Ministerio: una red con ramificaciones nacionales
La UCO concluye que el esquema corrupto no se limitó al Ministerio de Transportes. En sus pesquisas se descubrieron conexiones con otras instituciones públicas y empresas estatales, incluyendo Renfe y Adif, donde Koldo habría intervenido para colocar a personas afines a cambio de favores económicos. Incluso después de la salida de Ábalos del ministerio, la red siguió operando, manteniendo sus contactos con funcionarios claves para asegurarse la continuidad de los contratos.
Una organización criminal con roles definidos
El informe califica la trama como una “organización criminal estructurada” con funciones específicas: Koldo como operador logístico y mediador, Ábalos como autoridad política que garantizaba las decisiones desde el ministerio, Cerdán como respaldo político en las zonas de influencia, y empresarios como De Aldama como financiadores que retornaban el favor con dinero.
Los investigadores sostienen que el sistema no solo perseguía el lucro económico, sino también el fortalecimiento de poder interno dentro del PSOE a través de la acumulación de favores y alianzas con empresarios.
Próximos pasos judiciales
El caso ya se encuentra en manos del Tribunal Supremo y podría derivar en imputaciones formales en las próximas semanas. Las pruebas presentadas por la UCO —grabaciones, informes técnicos manipulados, declaraciones de testigos y registros bancarios— conforman un expediente robusto que compromete a los implicados más allá de simples sospechas.
El escándalo sacude al PSOE en un momento políticamente sensible y pone en entredicho la transparencia de las instituciones públicas en España. Mientras el partido guarda silencio oficial, las revelaciones del informe podrían desencadenar una crisis interna y acelerar movimientos judiciales que terminen en dimisiones o imputaciones formales.







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