Intelectuales cubanas rechazan sanción por “atentado” y “desacato” en juicio politizado: “No aceptaremos otra decisión que no sea la exoneración total”

La historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández y la historiadora y antropóloga Jenny Victoria Pantoja Torres han emitido una contundente declaración pública en la que rechazan de forma tajante las sanciones solicitadas por la fiscal Ana Lilian Caballero Arango, en un juicio que consideran “espurio” y motivado políticamente. Ambas mujeres enfrentan cargos por delitos comunes —desobediencia, desacato y atentado— que, según denuncian, buscan ocultar la verdadera naturaleza política de su activismo pacífico.

La fiscalía ha pedido penas de cuatro y tres años de privación de libertad para López Hernández y Pantoja Torres, respectivamente, aunque estas podrían ser sustituidas por trabajo correccional sin internamiento. Sin embargo, en su declaración titulada “Por la dignidad y la justicia”, ambas rechazaron tajantemente esa “alternativa” que califican de lesiva a su integridad y un intento del régimen de silenciar su voz sin encarcelarlas físicamente.

“Nos negamos a acatar el trabajo correccional sin internamiento por considerarlo totalmente inadmisible y lesivo a nuestra dignidad humana”, afirman en el texto firmado el 1 de junio de 2025.

“No somos delincuentes: somos ciudadanas”

El eje de su argumento gira en torno a la manipulación jurídica a la que están siendo sometidas. Las acusaciones, según las denunciantes, son fabricadas con el objetivo de castigar su ejercicio de derechos amparados en la Constitución de 2019, como la libertad de expresión y de manifestación pacífica.

“Obedecer la sanción significaría admitir acusaciones falsas que pretenden evitar el ejercicio de derechos refrendados y aprobados en la Constitución”, argumentan.

Asimismo, sostienen que aceptar cualquier tipo de castigo, aunque no implique prisión, equivaldría a convalidar un sistema judicial corrupto que criminaliza a los disidentes políticos mientras opera con privilegios para determinados sectores.

Un acto de coherencia y solidaridad

López Hernández y Pantoja Torres enmarcan su negativa a aceptar condena alguna también como un gesto de coherencia con las decenas de presos políticos cubanos que sufren en cárceles sin haber cometido delitos reales. Según señalan, aceptar el trabajo correccional “equivaldría a aceptar un tratamiento de privilegio” del que no quieren beneficiarse, mientras otros activistas anónimos enfrentan largos años de encierro.

“Estamos dispuestas a correr los riesgos necesarios para hacer válido el ejercicio de nuestros derechos”, declaran con firmeza.

Cálculo político del régimen

Según las firmantes, el régimen pretende ofrecer una “salida decorosa” a un caso que ha despertado atención mediática, diplomática e internacional, buscando minimizar el costo político de una condena contra figuras reconocidas en el ámbito intelectual y social. No obstante, ellas aseguran estar decididas a hacer pública esta maniobra y denunciar ante la comunidad internacional la falta de garantías ciudadanas en la isla.

“Estamos dispuestas a exponer, ante la opinión pública global, la carencia absoluta del rango de ciudadanía con plenitud de derechos para los cubanos”, aseguran.

Llamado a la solidaridad

En su declaración, Alina Bárbara López y Jenny Pantoja hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional, y recuerdan que su causa es parte de una lucha mucho más amplia por la libertad y la dignidad en Cuba.

“No merecemos ir a prisión, como no lo merecen los cientos de presas y presos políticos que han ejercido su derecho a expresarse”, concluyen.

El caso de estas dos mujeres representa una nueva muestra de cómo el régimen cubano sigue recurriendo a la criminalización selectiva para intentar neutralizar la disidencia. En una Cuba donde pensar libremente sigue siendo un acto subversivo, la dignidad y el valor de quienes se niegan a doblegarse cobra cada vez más sentido y urgencia.