Actualización sobre la salud del preso político Félix Navarro

La situación del preso político cubano Félix Navarro Rodríguez, de 70 años, sigue generando alarma dentro y fuera de la isla. El pasado viernes 30 de mayo, fue trasladado bajo un riguroso operativo de seguridad al hospital del municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, donde se le practicaron una placa de tórax y un ultrasonido, tras días de denuncias sobre su deteriorado estado de salud.

Testigos en las inmediaciones del centro hospitalario reportaron una presencia inusual de agentes de la Seguridad del Estado y de efectivos del sistema penitenciario, quienes rodeaban y escoltaban el breve recorrido del activista, uno de los líderes más reconocidos de la oposición pacífica cubana. El despliegue contrasta con el perfil del paciente: un hombre de avanzada edad, enfermo, y que nunca ha promovido la violencia.

Tras los exámenes médicos, Navarro fue regresado a la prisión de Agüica, donde permanece en una celda de la enfermería, en condiciones de aislamiento. Su esposa, Sonia Álvarez, continúa sin poder verlo ni confirmar directamente su estado de salud, lo que ha incrementado la preocupación de familiares, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La represión contra Félix Navarro se ha intensificado en los últimos años, a pesar de su frágil estado físico. Fue arrestado en julio de 2021 tras las históricas protestas del 11J y condenado a nueve años de prisión por cargos políticos fabricados. En varias ocasiones se ha reportado su agravamiento médico, sin que las autoridades penitenciarias ofrezcan atención oportuna ni transparente.

Desde ClickCuba reiteramos el llamado urgente y justo a la liberación inmediata e incondicional de Félix Navarro Rodríguez, así como de todos los presos políticos en Cuba. La dictadura no tiene justificación para mantener en prisión a ciudadanos cuya única “falta” ha sido alzar la voz por la libertad, los derechos humanos y el futuro de su país.

La comunidad internacional, los organismos multilaterales y los gobiernos democráticos tienen la responsabilidad moral de exigir justicia y presionar por el fin de esta persecución sistemática.