Médicos cubanos incluidos en lista de represores por su participación mediática en el caso de Damir Ortiz

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) ha incorporado a siete médicos y funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) a su base de datos pública de “Represores Cubanos”, debido a su implicación en el manejo del caso del niño cubano Damir Ortiz, quien falleció en Miami tras haber sido diagnosticado erróneamente con leucemia y sometido a tratamientos inadecuados en Cuba.

Los profesionales señalados son:

• Araíz Consuegra Otero, directora del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez.

• Orestes Ramón López Piloto, director del Instituto de Neurología y Neurocirugía.

• Wilfredo Roque García, director del Instituto de Hematología e Inmunología.

• José Luis Aparicio Suárez, especialista en hematología y director de postgrados del MINSAP.

• Yuliet Lemus Trujillo, neuróloga del Instituto de Neurología y Neurocirugía.

• Andy Hernández Álvarez, director de Oncología del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez.

• Gustavo Barroso Sánchez, hematólogo del Instituto de Hematología e Inmunología.

La FDHC argumenta que estos profesionales violaron principios éticos fundamentales al participar en espacios televisivos del régimen cubano, en los cuales se distorsionaron los hechos clínicos del caso y se revelaron detalles médicos confidenciales del menor sin consentimiento familiar, como parte de una estrategia política para defender al sistema de salud cubano frente a las denuncias públicas realizadas por los padres del niño.

El Instituto de Hematología procesó erróneamente la biopsia del niño, lo que llevó a un tratamiento indebido que deterioró gravemente su salud.

La inclusión de estos médicos en la lista de represores busca, según la FDHC, “someter a la vergüenza pública a quienes, en lugar de cumplir con su deber profesional, se prestan para justificar negligencias médicas al servicio de un régimen represivo”.

Este caso ha conmocionado a la comunidad médica y ha reavivado el debate sobre la subordinación de la medicina en Cuba a los intereses políticos del Estado, una práctica que no solo vulnera los derechos de los pacientes, sino que expone la profunda crisis ética en la que opera el sistema sanitario cubano.