Cerco policial a la ayuda humanitaria en Cuba: más de 100 detenidos en Santiago de Cuba por acudir al comedor social de la UNPACU

En medio de una creciente crisis humanitaria, el régimen cubano ha intensificado su represión contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago de Cuba, donde desde hace meses se brinda asistencia alimentaria y médica a más de mil personas vulnerables cada día. Según denunció este jueves Prisoners Defenders, el 1 de abril las fuerzas represivas del Estado cercaron violentamente la vivienda de José Daniel Ferrer —líder opositor y fundador de la UNPACU— y detuvieron a más de 100 personas en apenas 48 horas, entre ellas indigentes, adultos mayores, mujeres, niños y voluntarios que colaboraban con la iniciativa humanitaria.

Ese mismo día, a pesar del cerco policial y de la intimidación ejercida por más de 20 agentes, patrullas, policías de tránsito y un carro jaula para detenciones masivas, 1.281 personas lograron recibir el almuerzo en la sede de la UNPACU, donde también se ofreció atención médica a 45 ciudadanos. No obstante, muchos beneficiarios fueron arrestados, sus alimentos confiscados o destruidos, y amenazados con represalias si volvían a acercarse.

El operativo represivo no es nuevo. Desde enero de este año, tras la salida de Ferrer de prisión, las autoridades instalaron cámaras frente a su casa, multaron a los comerciantes que proveían alimentos a la UNPACU y comenzaron a emitir citaciones, amenazas y arrestos arbitrarios contra voluntarios como Fernando González Vaillant y Carlos Oliva Riverí.

A pesar de ello, el número de personas que acuden al comedor no ha parado de crecer: de 428 almuerzos diarios en la primera quincena de marzo, se ha pasado a más de 1.000 en abril. Esta semana, la cifra alcanzó los 1.281 servicios en un solo día, lo que, para Prisoners Defenders, no solo demuestra la magnitud de la necesidad, sino también el impacto de esta labor solidaria que el régimen intenta sofocar.

Detenciones arbitrarias y amenazas bajo figuras penales precriminales

Entre los detenidos el martes 1 de abril se encuentra Daniel Ferrer Jiménez, colaborador humanitario y padre del preso político del 11J, Enrique Ferrer Echavarría. Esta fue su tercera detención en 40 días por colaborar en el comedor. La Seguridad del Estado lo amenazó con encarcelarlo por “Desobediencia Penal Precriminal”, una figura que permite encarcelar a personas sin que hayan cometido ningún delito, solo por “advertencias” de las autoridades.

También fueron arrestados Jorge Luis Colá Montaní, un hombre de 60 años que compraba pimientos para el comedor; los hermanos Agustín y Víctor Estrada Rodríguez, en situación de extrema pobreza, quienes llevaban leña para cocinar; y al menos 40 personas más, a quienes les arrebataron la comida que portaban tras salir del comedor.

El miércoles 2 de abril continuó la represión. Fueron detenidos el activista Roilán Zárraga Ferrer —dos veces prisionero político—, cuando intentaba comprar carbón, y Marilín Thalía Álvarez Pérez, esposa del preso político Aníbal Ribiaux, actualmente recluido en la prisión de Baraguá en condiciones inhumanas. También arrestaron a la colaboradora Adisnubia Rondón Román y a su hijo de 17 años, Alexander Fonseca Rondón. Todos fueron llevados a la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba.

Ese mismo día, otras 50 personas vulnerables fueron detenidas en un local improvisado por la policía a dos calles de la sede de la UNPACU. A todas se les incautaron y destruyeron los alimentos recibidos. A raíz de la represión, la UNPACU solo pudo atender a 495 personas ese miércoles, menos de la mitad de su capacidad habitual.

Un Código Penal que legaliza la represión sin delito

El informe de Prisoners Defenders alerta que esta oleada represiva no se limita a opositores políticos: más de 11.000 ciudadanos cubanos —en su mayoría jóvenes afrodescendientes de zonas marginadas— están cumpliendo condenas de hasta tres años sin haber cometido ningún delito, amparados en figuras legales heredadas del modelo de “Peligrosidad Social Predelictiva” y renombradas en el actual Código Penal como “Desobediencia Penal Precriminal”.

El artículo 434.1 del Código Penal cubano permite que el Ministerio del Interior emita “advertencias” a quienes considere proclives a delinquir. Si estas no son acatadas, el artículo 189.3 autoriza hasta dos años de cárcel. Este procedimiento sumario, sin derecho a defensa, condena a miles de personas cada año bajo criterios arbitrarios como “conducta inadecuada” o “desafecto al orden socialista”.

Aunque el régimen asegura en foros internacionales que estas figuras ya no existen, continúa instruyendo a jueces y fiscales para que apliquen esta herramienta represiva, que permite neutralizar no solo a opositores, sino también a ciudadanos comunes que buscan ayuda o simplemente se niegan a acatar órdenes injustas.

Un acto de solidaridad criminalizado

La criminalización de la labor humanitaria en la sede de la UNPACU refleja, según Prisoners Defenders, un patrón represivo estructural que castiga la solidaridad con los más necesitados, en un país donde el acceso a alimentos y medicinas se ha vuelto una carrera de resistencia para la mayoría de la población.

La detención de más de un centenar de personas en solo dos días y el cerco policial contra quienes solo buscaban un plato de comida evidencia hasta qué punto el régimen ve como amenaza cualquier acto de independencia ciudadana, incluso si se trata de dar de comer al hambriento.

Mientras crece el número de personas que cada día se acercan a la sede de la UNPACU —1.281 el martes 1 de abril— también crece la represión. Pero como lo demuestra la persistencia de José Daniel Ferrer y su equipo, la solidaridad en Cuba, aunque perseguida, no se detiene.