Prisioneros de Guanajay privados de acceso al agua: 38 hombres afectados por medidas represivas

Desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, se ha denunciado un nuevo episodio de trato inhumano contra los reclusos. Según la activista Anamely Ramos González, al menos 38 presos han sido privados de las cubetas que utilizaban para almacenar agua, lo que les impide cubrir necesidades básicas como beber, asearse o limpiar sus espacios.

“Estamos hablando de agua, no de ningún lujo”, afirmó Ramos en una publicación difundida a través de sus redes sociales. “Algo sin lo cual simplemente no puedes vivir y que tampoco cuesta producir”.

La medida ha sido calificada como un mecanismo de castigo y control por parte de las autoridades penitenciarias, que se valen de la carencia de servicios esenciales para ejercer presión sobre los internos. Según Ramos, estos actos de abuso se ejecutan con total impunidad, sin fiscalización ni mecanismos que garanticen los derechos más elementales de los reclusos.

Las condiciones en las cárceles cubanas han sido objeto de reiteradas denuncias por parte de familiares, organizaciones de derechos humanos y exprisioneros. El sistema penitenciario de la isla alberga una de las poblaciones penales más numerosas del mundo, y la situación se agrava por la precariedad de la infraestructura, la falta de higiene, el maltrato por parte de los guardias y la ausencia de garantías procesales.

Los presos políticos, en particular, son frecuentemente objeto de amenazas y agresiones por parte de otros internos, en ocasiones alentadas por los propios custodios. Esta violencia se extiende también a sus familias, quienes reciben constantes presiones y hostigamientos.

“El número de muertes dentro de las prisiones ha aumentado en los últimos años. Ya parecen cementerios”, alertó Ramos.

La activista llamó a no guardar silencio ante estos hechos. “Lo mínimo que podemos hacer es no dejarlos solos. Denunciar. Apoyar. Acompañar. Y seguir pidiendo su libertad”, concluyó.

Esta nueva denuncia se suma a un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario cubano, y pone de relieve la urgencia de una observación internacional independiente que permita documentar y frenar estos abusos.