Canadá financia con más de 2 millones de dólares una organización utilizada para reprimir a mujeres en Cuba

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), una organización que se presenta como defensora de los derechos de las mujeres en Cuba, ha sido señalada en múltiples ocasiones por su papel en la represión de mujeres que disienten del régimen. Recientemente, se informó en la televisión cubana que la FMC, junto con otras entidades locales, recibirán más de 2 millones de dólares del gobierno de Canadá para proyectos relacionados con la violencia de género.

Aunque la iniciativa, bajo el lema «Mirar para el otro lado también es violencia», busca abordar la violencia de género en 40 municipios del país, existen serias preocupaciones sobre el uso de estos fondos. La FMC ha sido acusada de organizar actos de repudio y agresiones contra mujeres que expresan opiniones contrarias al gobierno cubano.

Un caso emblemático es el de la periodista y activista Iliana Hernández. En diciembre de 2020, una multitud convocada por la FMC se congregó frente a su residencia en La Habana para realizar un acto de repudio. Durante este evento, los participantes, en su mayoría mujeres, profirieron insultos y consignas en su contra, en un claro intento de intimidación y deslegitimación de su labor periodística.

Estos actos de repudio, lejos de ser incidentes aislados, forman parte de una estrategia más amplia de represión dirigida por organizaciones como la FMC. Aunque públicamente se presentan como defensoras de los derechos de las mujeres, en la práctica, estas entidades actúan como instrumentos del Estado para silenciar y reprimir a voces disidentes femeninas.

La situación de la violencia de género en Cuba es alarmante. Según datos recopilados por observatorios independientes, en 2024 se registraron 55 feminicidios en la isla, dejando un saldo de 62 huérfanos. Aunque esta cifra representa una disminución en comparación con los 85 feminicidios reportados en 2023, el incremento en el número de huérfanos es preocupante.

Un caso que ha conmocionado a la opinión pública es el de Yeni Hernández Villega, quien denunció años de abuso físico, psicológico y sexual por parte de su padre, Daniel Hernández Fiallo. A pesar de las múltiples señales de alerta, las autoridades no actuaron para protegerla, evidenciando las fallas del sistema en la protección de las víctimas de violencia de género.

La comunidad internacional debe ser consciente de esta dualidad. Es fundamental que los fondos destinados a proyectos de género en Cuba sean monitoreados rigurosamente para garantizar que no se utilicen en actividades que perpetúen la represión y la violencia institucionalizada contra mujeres que ejercen su derecho a la libre expresión ya la disidencia política.

La situación de Iliana Hernández es solo un ejemplo de cómo la FMC ha sido utilizada como herramienta de represión. Es imperativo que se realicen investigaciones independientes sobre el uso de los fondos internacionales otorgados a esta organización y que se exija transparencia en sus actividades. Solo así se podrá asegurar que el apoyo internacional contribuya verdaderamente a la protección y promoción de los derechos de todas las mujeres cubanas, sin distinción de ideologías o afiliaciones políticas.