La libertad de los presos políticos no puede ser moneda de cambio para la dictadura

La reciente cadena de acontecimientos en la relación entre Estados Unidos y Cuba ha reavivado el debate sobre la legitimidad de las acciones del régimen cubano en cuanto a las excarcelaciones de presos políticos. Una de las críticas más contundentes al gobierno designado de Miguel Díaz-Canel ha sido el uso de los prisioneros como fichas de negociación, dejando en evidencia una política que prioriza los intereses del régimen por encima de los derechos humanos fundamentales.

El anuncio de Díaz-Canel el pasado 14 de enero sobre la excarcelación de 553 personas, en el marco del Jubileo Ordinario de 2025, se presentó como una decisión “unilateral y soberana”, desconectada de presiones externas. Sin embargo, la posterior reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo por parte de la administración de Donald Trump el 20 de enero reveló otra realidad: el régimen detuvo inmediatamente las liberaciones prometidas. Según organizaciones de derechos humanos, solo 130 personas han sido excarceladas desde el anuncio inicial, y desde el día 20, no se ha liberado a nadie más.

La contradicción es evidente. Si las liberaciones formaban parte de un supuesto compromiso humanitario y religioso, como declaró Díaz-Canel, entonces la inclusión en la lista no debería haber alterado los planes. Esto sugiere que las excarcelaciones anunciadas respondían más a una estrategia política que a un auténtico gesto de reconciliación o clemencia. Usar a los presos políticos como moneda de cambio es no solo inmoral, sino una ofensa a la dignidad de los cubanos.

Además, el régimen continúa subestimando a la población cubana, tratándola como si no pudiera comprender la manipulación detrás de sus actos. No es legítimo ni aceptable que la excarcelación de presos políticos, quienes nunca debieron ser encarcelados, dependa de que el régimen reciba beneficios internacionales, como su salida de la lista de patrocinadores del terrorismo. Las libertades individuales y los derechos humanos no son herramientas de negociación para blanquear una dictadura.

La decisión de Trump de incluir nuevamente a Cuba en la lista ha puesto de manifiesto esta dinámica. Si el régimen realmente actuara con independencia y en nombre de principios humanitarios, las liberaciones seguirían su curso, independientemente del contexto político. En cambio, la paralización de las excarcelaciones demuestra que el régimen sigue operando bajo un cálculo político que privilegia su supervivencia sobre el bienestar del pueblo cubano.

Este contexto subraya una realidad ineludible: los derechos humanos en Cuba no pueden ser parte de un trueque político. La comunidad internacional debe mantenerse vigilante y denunciar estas maniobras, exigiendo la libertad de los presos políticos como un derecho inalienable, no como una concesión condicionada a la voluntad de la dictadura. La lucha por la libertad en Cuba debe mantenerse firme y clara, recordando que la dignidad de un pueblo no está a la venta.