Los Rostros de la Injusticia: Miembros del Tribunal Supremo de Cuba y su Rol en la Represión

En una Cuba marcada por la opresión y el control absoluto del régimen, es imperativo visibilizar a los responsables directos de las decisiones judiciales que han llevado al encarcelamiento de cientos de jóvenes, activistas y ciudadanos que solo han alzado su voz por la libertad y los derechos fundamentales. El Tribunal Supremo Popular, máxima instancia judicial del país, se ha convertido en un pilar fundamental del aparato represivo del régimen, y sus miembros, lejos de impartir justicia, han sido cómplices activos en la criminalización de la disidencia.

Entre estos responsables se encuentran los rostros que hoy compartimos y que representan no solo la cúspide del sistema judicial cubano, sino también la maquinaria que permite el abuso sistemático de derechos humanos. Cada uno de ellos, desde Maricela Sosa Ravelo hasta Rubén Remigio Ferro, forma parte del engranaje que condena arbitrariamente a opositores bajo cargos fabricados, como “sedición”, y perpetúa un sistema judicial al servicio del Partido Comunista.

Una Estrategia de Represión Judicial

El Tribunal Supremo ha jugado un papel clave en legitimar la represión de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 y en mantener tras las rejas a quienes se atreven a desafiar el statu quo. Los juicios celebrados por estas manifestaciones han sido ampliamente denunciados por su falta de garantías procesales y por sentencias desproporcionadas que buscan sembrar el miedo en la población.

La narrativa presentada por estos jueces intenta despolitizar actos claramente vinculados a la lucha por derechos fundamentales, clasificándolos como delitos comunes para evadir la presión internacional. Sin embargo, las acciones y decisiones de este tribunal demuestran que el sistema judicial cubano está diseñado no para garantizar justicia, sino para silenciar, castigar y controlar.

El Engaño Persistente

Hoy, estos mismos rostros aparecen como parte de una nueva estrategia del régimen: presentar excarcelaciones condicionadas como gestos humanitarios, mientras siguen manteniendo a la mayoría de los presos bajo la amenaza de regresar a prisión. Esta maniobra no solo intenta engañar a la comunidad internacional, sino también perpetuar la impunidad de los responsables de la represión.

Visibilizar a estos jueces y miembros del tribunal es un acto de denuncia y memoria. Son ellos quienes han permitido que el sistema judicial se convierta en una herramienta de opresión. En un país donde pensar es delito y hablar es castigo, la ciudadanía debe conocer a quienes están detrás de estas decisiones y hacerlos responsables ante la historia.

¿Qué podemos hacer?

La difusión de estas imágenes y nombres es solo un primer paso para desenmascarar a quienes perpetúan la injusticia en Cuba. La comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y la diáspora cubana tienen la responsabilidad de seguir denunciando estos actos y exigir sanciones contra los responsables. Estos rostros deben ser recordados no por sus cargos, sino por su complicidad en la represión de un pueblo que clama por libertad.