Alexander Peraza García: Preso en Santa Clara por “Propaganda contra el Orden Constitucional”

Alexander Peraza García enfrenta acusaciones graves por parte del régimen cubano que lo mantienen bajo arresto en La Dependiente, un centro de detención ubicado en Santa Clara. Según la información recibida, el régimen lo acusa de cometer el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, un cargo que en Cuba conlleva una sanción de entre tres a seis años de privación de libertad.

Su caso destaca por su naturaleza represiva, ya que el delito imputado suele ser utilizado por el régimen para silenciar a voces críticas o disidentes. Además, las autoridades han ordenado el decomiso de equipos electrónicos y electrodomésticos de su propiedad, lo que intensifica las acciones punitivas en su contra.

¿Un delito político disfrazado de legalidad?

Es fundamental entender que el cargo de “propaganda contra el orden constitucional” es, en esencia, un delito político. En contextos como el de Cuba, este tipo de acusaciones no persiguen actos delictivos convencionales, sino que se emplean como herramientas para reprimir a quienes cuestionan el sistema. Aunque las autoridades intentan justificar estas acciones como una defensa de la estabilidad del Estado, en la práctica, lo que se busca es silenciar cualquier forma de disidencia.

Peraza no ha sido acusado de un crimen violento ni de poner en peligro la seguridad de otras personas. Su “delito” consiste en expresar ideas críticas a través de sus publicaciones en redes sociales, un acto protegido por los derechos universales de libertad de expresión y pensamiento. Este tipo de medidas represivas no solo violan derechos fundamentales, sino que también reflejan la incapacidad del régimen para tolerar opiniones contrarias.

Medidas represivas adicionales

El decomiso de equipos electrónicos, como computadoras y teléfonos, no solo busca aislar a los acusados, sino también eliminar cualquier posible evidencia que pudiera exponer el alcance de las denuncias realizadas. En el caso de Alexander, esta acción pone de manifiesto la estrategia del régimen para controlar la información y evitar que se difundan mensajes considerados subversivos.

Un patrón preocupante

El caso de Alexander no es aislado. En los últimos años, el régimen ha intensificado el uso de leyes ambiguas para sancionar a quienes se atreven a cuestionar su autoridad. Estas medidas represivas reflejan una tendencia alarmante que busca silenciar la disidencia en un contexto de creciente descontento social y crisis económica.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado sistemáticamente que los delitos políticos en Cuba, como el de “propaganda contra el orden constitucional”, se utilizan para mantener el control absoluto sobre la sociedad. El uso de estos cargos convierte a las opiniones críticas en actos criminales, perpetuando un clima de miedo que disuade a otros ciudadanos de expresarse libremente.

Llamado a la solidaridad

En medio de esta situación, se hace un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que se mantengan vigilantes y ejerzan presión sobre el gobierno cubano en favor de la libertad de Alexander Peraza García. La criminalización de opiniones disidentes no solo viola los derechos fundamentales de libertad de expresión y pensamiento, sino que también perpetúa un clima de miedo e inseguridad entre los ciudadanos.

Este caso es un recordatorio de las condiciones bajo las cuales opera el régimen cubano: un sistema que castiga el pensamiento crítico y utiliza el aparato judicial como herramienta para silenciar cualquier oposición. Su detención demuestra que, en Cuba, los llamados “delitos contra el orden constitucional” son una fachada para justificar la represión de quienes exigen libertad y democracia.