Tres jóvenes emprendedores cubanos acusados sin pruebas por carteles contra la dictadura

El pasado 19 de diciembre, la Seguridad del Estado cubano realizó un allanamiento en la vivienda de Lázaro Aroche, en Santiago de Cuba, como parte de una operación que busca incriminar a tres jóvenes trabajadores por cuenta propia (TCP) por la aparición de carteles contra el comunismo en el Hospital Clínico Quirúrgico de la ciudad. Los involucrados son Lázaro Aroche, Yasmany, ambos residentes en Cuba, y un tercer joven Ariel Alejandro, radicado en España.

De emprender a ser perseguidos

Los tres jóvenes decidieron emprender juntos como trabajadores por cuenta propia, dedicándose a la venta de productos electrónicos en Santiago de Cuba. Su colaboración estaba dando frutos, hasta que una denuncia de abandono en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba desató una serie de eventos que los colocaron en la mira de las autoridades.

Yasmany, quien estuvo hospitalizado recientemente, realizó una denuncia a través de un periodista independiente sobre el caso de un paciente en condiciones deplorables en dicho hospital. Dicha denuncia coincidió con la aparición de un cartel contra el régimen en las instalaciones. Aunque no existe evidencia de que Yasmany tenga vínculo alguno con el cartel, las autoridades decidieron investigarlo, lo que también llevó a involucrar a sus dos socios en la acusación.

Una operación sin fundamentos

En el allanamiento realizado en la vivienda de Lázaro, las autoridades confiscaron toda la mercancía vinculada a la actividad comercial de los jóvenes, pero no encontraron evidencia que los relacionara con los carteles del hospital ni con otros similares aparecidos en varias zonas de Santiago de Cuba. A pesar de la falta de pruebas, los jóvenes están siendo acusados de falsificación de documentos, espionaje, lavado de dinero y de estar involucrados en actos contrarrevolucionarios.

Estrategia de persecución

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la Seguridad del Estado parece haber identificado a estos jóvenes como chivos expiatorios para mostrar mano dura frente a la creciente ola de inconformidad en el país. La incautación de sus bienes y las acusaciones desproporcionadas apuntan a deslegitimar cualquier iniciativa privada que escape del control estatal.

Los trabajadores por cuenta propia han sido señalados históricamente en Cuba como blanco fácil de represalias cuando se intenta crear un vínculo entre su actividad y cualquier tipo de disidencia, incluso sin pruebas concretas.

Un llamado a la solidaridad

La información sobre este caso llegó de manera anónima a medios independientes, destacando la necesidad de visibilizar las arbitrariedades que enfrentan estos jóvenes emprendedores. Este episodio es un ejemplo más de cómo el régimen cubano utiliza estrategias represivas para desacreditar cualquier actividad económica independiente y para reprimir a quienes intentan denunciar sus fallas.

La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos están llamadas a investigar esta situación y garantizar que se respete el debido proceso para Lázaro, Yasmany que se encuentran en Cuba. Este caso no solo atenta contra sus derechos fundamentales, sino que también manda un mensaje de miedo y represión a otros emprendedores cubanos que buscan construir un futuro mejor a pesar de las adversidades.

Sin pruebas contundentes que los vinculen a los carteles “contrarrevolucionarios”, los jóvenes enfrentan cargos que podrían marcar el fin de su actividad como trabajadores por cuenta propia, un sector que, a pesar de su legalidad, parece ser cada vez más perseguido por las autoridades cubanas.