El régimen cubano endurece restricciones al sector privado: una receta de control y fracaso

El régimen cubano, a través de la Gaceta Oficial publicada el 5 de diciembre de 2024, ha emitido nuevas resoluciones que limitan severamente las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, así como de los trabajadores por cuenta propia. Este nuevo marco normativo mantiene la vigencia de las licencias comerciales para el comercio minorista, pero impone restricciones significativas al comercio mayorista y refuerza el control estatal sobre el sector privado.

El contenido de la resolución

La resolución establece que:

1. Mantención de licencias actuales: Se permite a las empresas privadas y cooperativas no agropecuarias continuar con la comercialización minorista, siempre y cuando actualicen sus licencias dentro de un plazo de 90 días hábiles.

2. Prohibición del comercio mayorista independiente: Las micro, pequeñas y medianas empresas privadas solo podrán realizar actividades mayoristas si están directamente vinculadas a entidades estatales, eliminando la posibilidad de operar de manera independiente.

3. Cancelación de licencias secundarias: Las empresas que tengan aprobada la comercialización mayorista como actividad secundaria verán revocadas automáticamente sus licencias. Además, los trabajadores por cuenta propia que realizaban actividades de comercio mayorista ya no podrán inscribirse en el Registro Central Comercial.

4. Liquidación obligatoria: Se obliga a las empresas y trabajadores que operen bajo esta modalidad a liquidar sus inventarios y mercancías en un plazo de 120 días hábiles.

Implicaciones para la economía cubana

Estas medidas constituyen un golpe al incipiente sector privado en Cuba, que ha demostrado ser más eficiente en la provisión de bienes y servicios frente a las deficiencias del sistema estatal. Al restringir el comercio mayorista, el gobierno refuerza el monopolio estatal y limita las opciones para los consumidores, agravando la crisis económica que enfrenta el país.

Las nuevas disposiciones desalientan cualquier tipo de inversión en el sector privado, tanto nacional como extranjera, y consolidan un modelo económico que ha demostrado su ineficiencia durante décadas. Mientras el régimen culpa al embargo estadounidense por la crisis económica, esta resolución subraya que la verdadera barrera para el desarrollo económico es el control férreo del Estado sobre todas las actividades productivas.

La publicación de esta resolución refuerza la narrativa del fracaso del comunismo en Cuba. El régimen continúa repitiendo las mismas políticas restrictivas que han llevado al país al colapso económico. Bajo estas condiciones, cualquier iniciativa privada que busque desarrollarse en la isla enfrenta un escenario hostil e incierto, lo que confirma que la libertad económica sigue siendo un sueño lejano para los cubanos.