Denuncia pública: Corrupción y abusos en el la Fiscalía Provincial de Cienfuegos

Edilberto Oliveros Ondarez, un ciudadano de 68 años con una trayectoria de casi 40 años como trabajador internacionalista y dirigente sindical, ha decidido hacer pública su denuncia contra un entramado de corrupción en la Fiscalía Provincial de Cienfuegos. Oliveros asegura que ha sido víctima de un despido ilegal en su antigua empresa, EPICIEN, y de una serie de irregularidades judiciales que han impedido que se haga justicia.

El Origen del Caso: Un Despido Ilegal

En abril de 2017, la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo (ONIT) determinó que Oliveros había sido despedido injustamente de su puesto como capitán de barcos en EPICIEN. Sin embargo, el dictamen favorable emitido por la ONIT fue supuestamente ocultado por la Fiscalía Provincial, lo que impidió que el caso avanzara en los tribunales. Según Oliveros, este encubrimiento fue orquestado para proteger a los directivos de la empresa y a los funcionarios implicados en su despido.

“Mi despido no solo fue ilegal, sino que también estuvo marcado por la manipulación y la falta de transparencia. Han usado su poder para proteger a la empresa, dejando de lado la legalidad y mis derechos como trabajador”, afirmó Oliveros.

Manipulación Judicial y Tortura Administrativa

A lo largo de los años, Oliveros ha enfrentado un entramado de irregularidades procesales que incluye juicios sin su presencia, retrasos deliberados en las audiencias y la exclusión de pruebas clave, como el dictamen de la ONIT. Denuncia además que la Fiscalía Provincial ha utilizado su influencia para evitar que su caso avance, promoviendo tácticas dilatorias y manipulaciones legales para declarar su reclamo extemporáneo.

“En ningún momento me han permitido defenderme adecuadamente. He sido sometido a un proceso judicial injusto, plagado de irregularidades y con un trato que califico como discriminatorio y deshumanizante”, señaló.

Consecuencias Devastadoras

La falta de resolución en su caso ha dejado a Oliveros sin empleo, sin pensión y sin apoyo económico, a pesar de sus décadas de trabajo y contribuciones al Estado. A esto se suma su estado de salud, agravado por el estrés del proceso: padece diabetes y sufrió la amputación de un pie. Actualmente, vive en condiciones precarias, habiendo tenido que vender sus pertenencias para sobrevivir.

“Estoy en el abandono total. Tras años de servicio a mi país, me encuentro sin recursos para mantenerme ni atender mi salud. Esto no solo me afecta a mí, sino también a mi hermano discapacitado, de quien soy tutor”, expresó Oliveros con profunda indignación.

Exige Justicia

Oliveros ha solicitado en múltiples ocasiones que su caso sea revisado por un tribunal imparcial y que se respeten las disposiciones legales que lo favorecen. Asimismo, ha presentado pruebas de las irregularidades cometidas por la Fiscalía y los directivos de EPICIEN, incluyendo el encubrimiento de documentos clave y la aplicación de normativas no pertinentes a su caso.

“Lo único que pido es un juicio justo, basado en la ley. Nadie debería tener que enfrentar este nivel de corrupción e impunidad”, exigió.

Un Caso que Refleja un Problema Sistémico

La denuncia de Oliveros es un llamado de atención sobre los graves problemas de corrupción y abuso de poder en instituciones clave de la justicia en Cuba. A medida que casos como este salen a la luz, queda claro que la lucha contra la corrupción y por la transparencia sigue siendo una tarea pendiente.

Oliveros concluye su denuncia con un mensaje contundente: “No se trata solo de mi caso; es un llamado a enfrentar un sistema que ha permitido la corrupción y la impunidad. Es hora de que se restablezca la legalidad y se protejan los derechos de los ciudadanos”.