Yadelaine Rosales Milanés, residente de Regla, La Habana, denuncia una grave irregularidad que ha impactado profundamente su vida. Según su relato, durante una breve ausencia de su hogar, su vivienda fue ocupada de manera ilegal, en lo que describe como un acto respaldado por ciertos funcionarios locales. Este caso expone una posible red de complicidad en la que se han vulnerado sus derechos y su propiedad sin base legal.

Los hechos:

El jueves 15 de agosto, Yadelaine y su familia intentaron salir de Cuba de forma no autorizada. Sin embargo, el viernes 16 fueron interceptados por un buque estadounidense y permanecieron una semana fuera del país. Durante su ausencia, su hija regresó a la vivienda en el municipio de Regla y se encontró con que había sido ocupada ilegalmente.

Rosales afirma que la ocupación de su vivienda fue realizada con el aval de Carmen, delegada de la circunscripción, y Yitsi López, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR). Estas personas habrían roto la puerta para entrar sin tener ningún documento que respaldara su entrada. Posteriormente, la presidenta del CDR habría traído a su madre desde otra provincia para residir en la vivienda de un vecino en el mismo edificio, sugiriendo un acto coordinado para legitimar la invasión sin una asignación formal de la propiedad.

Las gestiones ante las autoridades:

Al regresar a su hogar, Rosales descubrió que la ocupación se había realizado sin ninguna autorización oficial y sin respetar el debido proceso. En consecuencia, presentó una denuncia formal en la estación policial de Regla, registrada bajo el número 63666 de 2024. En su denuncia, menciona la violación de los artículos 380.1 y 381.1 del Código Penal Cubano, que penalizan las ocupaciones y registros ilegales. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por recuperar su hogar, no ha recibido respuestas concretas ni soluciones por parte de las autoridades locales.

Cuando Rosales intentó buscar ayuda en el jefe de sector de Casa Blanca, conocido como Yosvani, este le informó que, al intentar abandonar el país, su esposo había “perdido todos los derechos” sobre la vivienda, una declaración que ella considera arbitraria y sin respaldo legal.

Documentación y pruebas:

Para fundamentar su caso, Rosales ha recopilado documentos que confirman su residencia en la vivienda durante los últimos tres años, así como testimonios de vecinos que atestiguan que vivía allí sin conflictos previos. También cuenta con evidencia de la repartición de sus pertenencias y la destrucción de parte de sus bienes, realizada sin ningún tipo de orden oficial que justificara la ocupación.

Abuso de poder y derechos ciudadanos:

El caso de Yadelaine Rosales pone en evidencia un patrón de presuntos abusos de poder por parte de funcionarios locales, quienes habrían facilitado una ocupación ilegal sin respetar el derecho a la propiedad privada. Este tipo de situaciones resalta la vulnerabilidad de los ciudadanos ante actos de arbitrariedad, donde los derechos básicos pueden ser violados sin justificación y sin un debido proceso judicial.

La falta de respuesta por parte de las autoridades y la aparente indiferencia frente a una ocupación no autorizada sugieren una grave deficiencia en el sistema de justicia local, que debería garantizar la seguridad de las propiedades de todos los ciudadanos, independientemente de sus decisiones personales o ideologías.

Yadelaine Rosales Milanés exige justicia y busca que su caso sea escuchado públicamente, con la esperanza de generar consciencia sobre la situación de los derechos ciudadanos en Cuba. Su historia representa la lucha de aquellos que, enfrentándose a la corrupción y a la ilegalidad, demandan una respuesta justa y transparente por parte del sistema judicial y de las autoridades locales.

El caso de Rosales es un recordatorio de la necesidad de garantizar la protección de los derechos ciudadanos y de erradicar los abusos de poder, promoviendo un sistema que respete la propiedad y el bienestar de los ciudadanos sin distinción.