Gerardo Díaz Alonso, de 35 años, padre de dos hijos fue condenado a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, falleció en la prisión de Canaleta tras sufrir un infarto. Su caso, como el de tantos otros prisioneros políticos en Cuba, ha dejado tras de sí una estela de dolor e injusticia que afecta a su joven familia y destaca la crueldad del sistema judicial cubano.

Gerardo fue arrestado tras alzar su voz pidiendo libertad, uno de los tantos ciudadanos que salieron a las calles en las históricas manifestaciones pacíficas que recorrieron el país. En diciembre, fue condenado a una severa pena de 14 años de cárcel, una sentencia que, para muchos, ejemplifica la represión desmedida del régimen cubano contra aquellos que exigen cambios democráticos.

Su esposa, Mercedes, de solo 23 años, también fue brevemente detenida a pesar de estar embarazada en ese momento. Aunque fue liberada bajo una multa, la experiencia dejó secuelas en una familia ya vulnerable. Ahora, Mercedes se encuentra al cuidado de su hijo de 1 año y 7 meses y está a punto de dar a luz a su segundo hijo en febrero. Sin la presencia de su esposo, quien trabajaba como cochero y era el principal sustento económico del hogar, la situación de Mercedes se ha vuelto insostenible.

La muerte de Gerardo ha dejado a su familia en un estado de profunda vulnerabilidad y desolación. Este caso, como tantos otros, ilustra las difíciles condiciones que enfrentan los presos políticos en Cuba, y cómo la represión gubernamental no solo destruye la vida de los disidentes, sino también la de sus seres queridos.

El fallecimiento de Gerardo en la prisión de Canaleta eleva la preocupación sobre el trato y las condiciones de salud a las que están sometidos los prisioneros en Cuba, mientras su esposa y su familia continúan buscando justicia y apoyo para poder sobrevivir en medio de la adversidad.