En un claro golpe a la libertad de expresión, el régimen cubano ha aprobado la Ley 162/2023 de Comunicación Social, una legislación que otorga un control absoluto al Estado sobre todos los medios de comunicación y refuerza la censura en el ciberespacio. Este nuevo marco legal, disfrazado de regulador, es en realidad una herramienta diseñada para sofocar las voces críticas y mantener el monopolio gubernamental sobre la información. En lugar de promover el derecho a la información, la ley establece un aparato represivo que limita gravemente los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos cubanos.

La Mordaza Estatal: Control Absoluto sobre los Medios

La Ley 162/2023 convierte al Estado cubano en el único guardián y distribuidor de la información en el país. El Artículo 4 esboza un “Sistema de Comunicación Social” donde todas las entidades mediáticas, ya sean impresas o digitales, deben alinearse con los objetivos del gobierno. Este sistema centralizado no solo regula los contenidos, sino que también dicta los principios ideológicos a los que los medios deben someterse. En una clara violación del pluralismo informativo, los medios independientes quedan relegados, o peor aún, silenciados.

Lo más alarmante es que los medios tienen la obligación de defender la “soberanía” y “seguridad nacional”, eufemismos que el régimen cubano ha utilizado históricamente para justificar la censura y la represión. Cualquier intento de presentar una narrativa alternativa, de ofrecer un espacio a las voces disidentes o de criticar al gobierno, podría ser clasificado como una amenaza al Estado, lo que implicaría sanciones severas.

Restricciones a los Contenidos: La Crítica Prohibida

El Artículo 13 establece que los contenidos mediáticos no pueden “subvertir el orden constitucional” ni “desestabilizar el Estado socialista de derecho”. Esta cláusula ambigua es un cheque en blanco para censurar cualquier tipo de crítica al gobierno. En un país donde la disidencia es criminalizada, esta disposición legal se convierte en una trampa mortal para el periodismo independiente y los activistas. La crítica al sistema, al gobierno o a las políticas públicas puede ser etiquetada como subversión, eliminando cualquier espacio para el debate político honesto.

De esta manera, el régimen cubano no solo limita el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones, sino que también elimina la posibilidad de que el pueblo acceda a una información veraz y plural. Cualquier contenido que no siga la narrativa oficial está condenado a desaparecer, asfixiando el ya limitado espacio para la libertad de prensa en Cuba.

La Internet bajo Vigilancia

El control no se limita a los medios tradicionales. Con el Artículo 51, el Estado extiende su puño de hierro sobre el ciberespacio, imponiendo estrictas obligaciones a las plataformas digitales. Los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de internet deben supervisar y notificar cualquier violación de la ley, lo que los convierte en agentes de censura al servicio del régimen. Esta regulación convierte a internet en una extensión del aparato represivo estatal, donde cualquier contenido crítico puede ser bloqueado o eliminado.

Los ciudadanos cubanos, que ya enfrentan restricciones para acceder a internet debido a los altos costos y la infraestructura limitada, ahora también estarán sometidos a un régimen de vigilancia digital que criminaliza la disidencia en línea. Los bloqueadores de contenido y las restricciones impuestas por la ley buscan crear una burbuja digital donde solo la voz del régimen pueda ser escuchada.

El Registro Obligatorio: Mecanismo de Control

Otro aspecto profundamente preocupante de la ley es el registro obligatorio de todas las publicaciones seriadas y sitios web en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas y de Sitios Web. Según los Artículos 100-104, este registro está bajo el control del Instituto de Información y Comunicación Social, un organismo estatal que supervisa y regula la operación de todos los medios. Si un medio no sigue los lineamientos del gobierno, puede ver su inscripción suspendida o cancelada.

Este es un claro mecanismo de censura previa. Solo los medios que cumplan con las directrices ideológicas del Estado podrán operar legalmente, y aquellos que no lo hagan serán clausurados. En un contexto donde los medios independientes y los periodistas críticos ya enfrentan acoso y persecución, este requisito legal representa una sentencia de muerte para la prensa libre.

Un Ataque Coordinado contra los Derechos Humanos

La aprobación de la Ley 162/2023 no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de represión estatal que ha intensificado el régimen en los últimos años. Mientras el mundo mira hacia otro lado, el gobierno cubano consolida su control sobre todas las esferas de la vida pública, desde la información hasta la expresión artística. Esta ley es una violación directa de los compromisos internacionales de Cuba en materia de derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a un debate político libre y abierto.

En lugar de garantizar la prosperidad y el bienestar del pueblo cubano, esta ley refuerza el monopolio informativo del Estado y pone fin a cualquier esperanza de apertura democrática. Es fundamental que la comunidad internacional denuncie estas medidas represivas y apoye a los periodistas, activistas y ciudadanos cubanos que luchan por defender su derecho a la libertad de expresión.

La Ley 162/2023 de Comunicación Social es una afrenta a los derechos humanos en Cuba. El control estatal total sobre los medios de comunicación, las restricciones a los contenidos, la vigilancia en internet y los registros obligatorios son herramientas diseñadas para reprimir el disenso y perpetuar el dominio autoritario del régimen. En un país donde la censura ya es rampante, esta ley representa un endurecimiento adicional del control sobre la información. Es hora de que se alce la voz contra estas violaciones y que el mundo mire con atención a un país que sigue privando a su pueblo de las libertades más básicas.