Reunidos al margen de la Asamblea General de la ONU, 31 países expresan su profunda preocupación por la situación política y de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Treinta y un naciones, entre ellas Argentina, España, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos, emitieron una declaración conjunta en la que exigen al gobierno venezolano que respete los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024. La comunidad internacional aplaudió la participación del pueblo venezolano en unos comicios que, a pesar de los numerosos desafíos, vieron a más de 12 millones de votantes acudir a las urnas.

Sin embargo, a casi dos meses de los comicios, los llamados por la transparencia electoral siguen sin ser atendidos. Observadores internacionales han documentado serias preocupaciones sobre la falta de integridad del proceso electoral, destacando la negativa de la Comisión Electoral Nacional de publicar resultados detallados y verificables. Según la declaración, esta falta de transparencia socava el derecho del pueblo venezolano a ver reflejada su voluntad en las urnas.

Uno de los puntos más críticos señalados en la declaración es la situación de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial que, según los registros públicos disponibles, habría ganado la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de julio. A pesar de ello, el gobierno de Nicolás Maduro ha desoído estos resultados y, el pasado 3 de septiembre, emitió una orden de arresto contra González Urrutia por motivos políticos, obligándolo a abandonar el país.

Además, los países firmantes denuncian la represión sistemática que ha seguido a las elecciones, incluyendo detenciones arbitrarias, incluso de niños, violencia política y violaciones graves de los derechos humanos, tales como la denegación de juicios justos y la intimidación contra miembros de la oposición y la sociedad civil.

La declaración conjunta hace un llamado urgente para que se permita el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela, a fin de que supervise de manera independiente la situación en el país. Además, los países firmantes exigen el respeto a los compromisos internacionales de Venezuela, como el Convenio de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, solicitando un paso seguro para los seis solicitantes de asilo refugiados en la residencia oficial de la República de Argentina en Caracas.

Finalmente, la comunidad internacional insta a los líderes políticos venezolanos a entablar discusiones inclusivas y constructivas para resolver pacíficamente el estancamiento político y restaurar las instituciones democráticas, de acuerdo con la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas. Los firmantes reiteran su apoyo a los millones de venezolanos que continúan arriesgando su seguridad para exigir un futuro más democrático y próspero para su país.

Esta declaración conjunta es una muestra de la creciente presión internacional sobre el régimen de Maduro, en un contexto de creciente incertidumbre política y violaciones a los derechos humanos en Venezuela.