En los últimos dos meses, la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha alcanzado un nuevo nivel, con una serie de acciones internacionales que buscan acelerar el proceso judicial por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El periodista venezolano radicado en Argentina, Gabriel Bastidas, compartió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un detallado resumen de los eventos que marcan esta creciente ofensiva diplomática y judicial.

El 2 de agosto, el Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a acelerar la emisión de órdenes de arresto contra los responsables de los crímenes cometidos en Venezuela. Este llamado, respaldado por diversos actores, marcó el inicio de una serie de movimientos internacionales que se intensificaron a lo largo del mes.

El 12 de agosto, el fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró que su oficina “monitorea activamente” la situación en Venezuela, subrayando que la investigación está en pleno curso. Días más tarde, el 27 de agosto, el Senado de Chile solicitó al presidente Gabriel Boric que instara a la CPI a emitir una orden de arresto contra Maduro, lo que destacó la presión por parte de los países de la región.

En septiembre, la escalada fue aún más notable. Uruguay, el 6 de septiembre, se unió formalmente a la remisión del caso a la CPI y manifestó su respaldo a la investigación. Ese mismo día, un grupo de 30 expresidentes iberoamericanos también hizo un llamado al fiscal de la CPI para que emitiera una orden de arresto contra Maduro. Argentina, a través de su gobierno, respaldó esta petición de manera pública, mientras que la fiscalía de la CPI reiteró el 9 de septiembre que el caso venezolano está “activo y en curso”, analizando nuevas denuncias por crímenes cometidos tras las elecciones.

El 17 de septiembre, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU presentó un informe contundente acusando al régimen de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad, específicamente el de persecución por motivaciones políticas, lo que reforzó aún más los llamados internacionales a la CPI.

En los días siguientes, España destacó la importancia de la colaboración entre la Misión de la ONU y la CPI, mientras que la Justicia argentina, en un movimiento independiente del Ejecutivo, ordenó el 23 de septiembre la detención de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, señalando la gravedad de los crímenes de lesa humanidad que se les atribuyen.

Finalmente, el 24 de septiembre, la Asamblea Nacional de Ecuador se sumó a la creciente lista de actores internacionales que solicitan al presidente Daniel Noboa que inste a la CPI a emitir una orden de arresto contra Maduro.

La serie de eventos destacados por Gabriel Bastidas subraya el cerco que se ha ido cerrando alrededor de Maduro y su régimen. La comunidad internacional parece cada vez más decidida a llevar a cabo una rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Venezuela, y la CPI se encuentra bajo una creciente presión para actuar con prontitud y firmeza.