En la mañana de ayer, la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández ha hecho público un acontecimiento que refleja la tensión entre la libertad de expresión y la censura en Cuba. A las 11 a.m., en una reunión con la directiva del Comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Matanzas, se le comunicó que ha sido expulsada de manera definitiva de la organización. Este anuncio no solo marca un hito en su vida profesional, sino que también resalta la naturaleza represiva de las medidas adoptadas contra intelectuales que disienten del discurso oficial.

López Hernández, quien ha sido una figura destacada en el ámbito académico y ensayístico cubano, reveló los detalles de este encuentro a través de su cuenta de Facebook. Según su relato, que tituló “Sanciones que honran”, fue acusada de “realizar actividades contra la revolución” y de “publicar información interna” sobre el proceso disciplinario en su contra. Las causas presentadas incluyen su apoyo a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, la crítica abierta a la alta dirigencia del gobierno cubano y la defensa de los derechos de los presos políticos. Esta última razón ha sido uno de los ejes más controvertidos de su activismo, pues ha solicitado la libertad de aquellos manifestantes que, según ella, solo ejercieron su derecho a la protesta pacífica.

La UNEAC, en su decisión, ha esgrimido los artículos de su reglamento que prohíben estas “ofensas” contra la revolución y su dirigencia. Sin embargo, López Hernández ha defendido su posición con contundencia, argumentando que su crítica no solo está amparada por la Constitución cubana, sino que también es el deber de cualquier intelectual comprometido con la verdad y la justicia. “Yo ejerzo derechos constitucionalmente establecidos en el artículo 56 de la Ley de leyes: libertad de expresión y de manifestación pacífica”, subraya.

La intelectual cubana también denunció la falta de transparencia en el proceso, señalando que la directiva de la UNEAC se negó a proporcionarle una copia del documento que formalizaba su expulsión, limitándose a una “comunicación verbal”. Este hecho, junto con la negativa de los funcionarios a debatir sus puntos de vista durante la reunión, pone en evidencia la falta de garantías en los procedimientos internos de la organización, que parecen más guiados por la influencia de la Seguridad del Estado que por un verdadero interés en el intercambio democrático de ideas.

A lo largo de su publicación, López Hernández expresa un profundo desencanto no solo con la UNEAC, sino con el aparato estatal cubano, del cual la organización parece ser un apéndice. La acusación de “delitos graves” como la desobediencia y el atentado, que nunca han sido formalmente sancionados en su contra, solo refuerzan la sensación de arbitrariedad y persecución política que ha caracterizado su caso.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y la magnitud de la sanción, Alina Bárbara López Hernández se muestra desafiante. En sus palabras finales, deja claro que su compromiso con la verdad, la justicia y el país no será socavado por la expulsión de una organización que, según ella, ha perdido su propósito original: “Seguiré siendo una intelectual, una ciudadana y una cubana digna aun fuera de esa organización que se ha deshonrado desde hace mucho”.

Este último acto de censura pone de relieve las complejidades de la vida intelectual en Cuba y las tensiones que persisten entre el aparato estatal y aquellos que buscan ejercer su derecho a la libertad de expresión. Para López Hernández, la expulsión de la UNEAC no es el final de su camino, sino una reafirmación de su compromiso con sus principios y con una Cuba que aún sueña con un futuro más libre y democrático.