En un nuevo giro represivo, el régimen cubano ha publicado el Decreto-Ley 88/2024, que regula las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) dentro de la isla. Aunque presentado como un esfuerzo por formalizar y controlar la economía privada, este conjunto de normativas refuerza aún más el control del Estado sobre los actores económicos independientes, limitando gravemente su capacidad para operar fuera de los márgenes establecidos.

Uno de los aspectos más impactantes de este decreto, que entrará en vigor en septiembre, es la inclusión de una lista de 125 actividades económicas catalogadas como ilícitas. Entre estas se encuentra el famoso “Paquete Semanal”, un medio digital de distribución masiva que, por años, ha permitido a los cubanos acceder a entretenimiento e información al margen de la censura estatal.

El “Paquete Semanal” había sido una herramienta crucial para aquellos que buscaban evitar la programación estatal, marcada por propaganda oficial y contenido limitado. La prohibición de este servicio no solo restringe aún más el acceso a información independiente, sino que también representa un ataque directo contra las alternativas informales que han surgido en un entorno de represión mediática. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno por sofocar las actividades económicas no alineadas con los intereses del Estado, bajo la excusa de mantener el control económico y social .

El Decreto-Ley 88/2024 también establece nuevos requisitos para las MIPYMES. Por ejemplo, todas las transacciones deberán realizarse en pesos cubanos y a través de cuentas bancarias registradas, lo que permitirá al régimen controlar directamente los movimientos financieros de estas empresas. Además, se prohíbe a los cuentapropistas la importación y exportación, reduciendo aún más sus márgenes de maniobra .

Las nuevas normativas no solo afectan la libertad económica, sino que también imponen estrictas obligaciones laborales. Las MIPYMES deben garantizar contratos formales para sus empleados, cumpliendo con condiciones estrictas de remuneración, salud y seguridad en el trabajo. Estas medidas, que en un contexto diferente podrían interpretarse como protecciones laborales, en Cuba se perciben como otra herramienta del gobierno para asfixiar a los emprendedores independientes .

Esta serie de normativas pone de manifiesto el creciente cerco gubernamental sobre el sector privado, que enfrenta ahora mayores obstáculos para operar. Lo que para muchos había sido una vía de escape ante la falta de oportunidades en el sector estatal, ahora se convierte en un camino lleno de trabas y restricciones. El control sobre las actividades económicas, sumado al bloqueo del acceso a la información independiente, refuerza la maquinaria de censura que el gobierno cubano ha perfeccionado durante décadas.

La censura no es nueva en Cuba, pero la eliminación del “Paquete Semanal” marca un hito en los esfuerzos del régimen por sofocar cualquier forma de resistencia informativa. A medida que la isla se enfrenta a una crisis económica sin precedentes, la población ve cada vez más limitada su capacidad para sobrevivir y expresarse fuera de los confines impuestos por el Estado .

En conclusión, con la publicación de este nuevo decreto, el régimen castrista demuestra nuevamente su intención de fortalecer su control sobre cada aspecto de la vida cubana, asfixiando al sector privado y eliminando los pocos canales de información independiente que aún subsisten.