En un giro significativo para la lucha contra la esclavitud moderna, el Relator Especial de la ONU sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, Tomoya Obokata, ha respaldado un informe crítico elaborado por Prisoners Defenders que denuncia el uso del trabajo forzoso en las prisiones cubanas. Este informe, titulado “Breve informe sobre el trabajo forzoso en las cárceles en Cuba”, ha sido presentado en la 57ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, arrojando luz sobre una práctica que afecta a presos políticos y comunes que expresan opiniones. contrarias al régimen cubano.

Un llamado de atención desde la ONU

El respaldo del Relator Especial refuerza las denuncias de que las autoridades cubanas imponen trabajo forzoso a aquellos ciudadanos que manifiestan posturas políticas disidentes. El informe de Obokata, reflejado en el documento A/HRC/57/46, menciona específicamente la existencia de leyes y reglamentos en Cuba que permiten el trabajo obligatorio como castigo por expresiones políticas o participación en huelgas, lo que constituye una clara violación de los derechos humanos.

Prisoners Defenders documenta varios casos que ilustran la magnitud de esta práctica, incluyendo testimonios de personas como Dariel Ruiz García, Walnier Luis Aguilar Rivera y Taimir García Meriño. Estos presos han sido obligados a trabajar en condiciones inhumanas, enfrentándose a jornadas extenuantes y sin las mínimas garantías de seguridad y salud en el trabajo.

La realidad detrás del carbón cubano.

Uno de los sectores donde se evidencia esta explotación es la producción de carbón vegetal de marabú, una actividad que ha sido fuente de ingreso para el régimen cubano gracias a las exportaciones a países europeos como España, Portugal, e Italia. Testimonios de familiares de presos, como el de Walnier Luis Aguilar Rivera, revelan las duras condiciones a las que se enfrentan estos reclusos: cortando marabú sin herramientas adecuadas, con las manos llenas de ampollas y expuestas a peligros constantes. Las condiciones de vida de estos trabajadores son deplorables, sin acceso a agua potable y sin medios de protección, como se documentó en un vídeo realizado dentro de una prisión cubana en 2016.

Aproximadamente el 93% del carbón producido en Cuba bajo estas condiciones termina en los mercados europeos. Esto plantea una realidad incómoda para las democracias que importan estos productos, que podrían estar inadvertidamente contribuyendo al mantenimiento de prácticas esclavistas.

La industria azucarera: ecos de la esclavitud colonial

La explotación laboral no se limita a la producción de carbón. Los presos políticos y comunes también son forzados a trabajar en la zafra azucarera, a menudo sin el equipo de protección básica y bajo amenazas de represalias si se niegan. La falta de formación y de contratos de trabajo, así como la negación de pagos o la reducción arbitraria de beneficios penitenciarios, son prácticas comunes, que subrayan la falta de respeto por los derechos fundamentales de estos individuos.

Repercusiones internacionales y europeas

La creciente visibilidad de estos abusos ha llevado al Parlamento Europeo a actuar. En abril de 2024, se aprobó una resolución legislativa que prohíbe en el mercado de la Unión Europea los productos realizados con trabajo forzoso. Esta medida busca no solo proteger los derechos humanos, sino también evitar la competencia desleal de productos obtenidos mediante prácticas laborales inaceptables.

La regulación exige que el trabajo en prisiones, si existe, debe ser voluntario y en beneficio del recluso, alineándose con condiciones laborales libres. Esto es contrario a lo que se ha documentado en Cuba, donde el trabajo forzoso se utiliza como una forma de castigo y opresión.

La adopción del informe por parte del Relator Especial de la ONU representa un hito en la lucha contra la esclavitud moderna en Cuba. La denuncia de estas prácticas no solo busca poner fin al sufrimiento de millas de prisioneros políticos y comunes, sino también alerta a la comunidad internacional sobre la necesidad de tomar medidas concretas. Los países importadores tienen la responsabilidad de asegurarse de que los productos que compran no contribuyan a la perpetuación de violaciones de derechos humanos.

La revelación de estas prácticas también resalta la urgencia de que las autoridades cubanas alineen sus políticas y prácticas con los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando que ningún ciudadano sea sometido a trabajo forzoso o esclavitud en pleno siglo XXI.