La comunidad de derechos humanos en Cuba y en el extranjero se encuentra consternada por la noticia del fallecimiento de Yosandri Mulet, preso político y manifestante que se convirtió en una de las muchas víctimas de la represión del régimen cubano. Según información confirmada por diversas fuentes, la familia de Mulet fue informada el lunes 26 de su fallecimiento, ocurrido tras un intento de suicidio el 22 de agosto. El activista, de 37 años y originario de Arroyo Naranjo, habría saltado desde el puente de Calabazar y fue trasladado al hospital Julio Trigo, donde su estado de salud se deterioró hasta su muerte.

El entorno hospitalario en el que se encontraba Mulet fue militarizado de inmediato, en un esfuerzo por controlar la situación y restringir el acceso de información sobre su estado. Sin embargo, los informes indican que no fue el despliegue militar ni una preocupación genuina por su bienestar lo que impulsó esta acción. Al contrario, diversos testimonios apuntan a que fue la constante represión y los malos tratos sufridos por Mulet a manos de las autoridades lo que lo llevó a tomar una decisión tan desesperada. Las presiones psicológicas, el maltrato físico y el aislamiento son tácticas comunes en el trato a presos políticos en Cuba, y Mulet no fue una excepción.

Condenado a 10 años de prisión con trabajo correccional con internamiento por su participación en las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021, Yosandri Mulet se encontraba cumpliendo su sentencia en condiciones extremas. Estas protestas, que representaron uno de los mayores desafíos al régimen cubano en décadas, llevaron a miles de cubanos a las calles para exigir libertad, mejores condiciones de vida y el fin de la represión. La respuesta del régimen fue rápida y severa, con detenciones masivas, juicios sumarios y largas condenas, todo en un intento por sofocar cualquier forma de disidencia.

Mulet, quien había recibido un permiso de salida temporal al momento de su intento de suicidio, ya había mostrado señales de profunda angustia psicológica. No era su primer intento de acabar con su vida; en 2022, había tratado de ahorcarse, lo que reflejaba el grado de desesperación provocado por el trato inhumano que recibía en prisión. Su familia y amigos habían denunciado en varias ocasiones los abusos y la falta de atención médica adecuada, señalando que las autoridades carcelarias empleaban el sufrimiento psicológico como una herramienta más de control y castigo.

La muerte de Yosandri Mulet subraya la continua represión que el gobierno cubano ejerce sobre aquellos que consideran disidentes. La represión y el acoso, lejos de ser respuestas puntuales a episodios de disidencia, son tácticas institucionalizadas que buscan quebrantar el espíritu de aquellos que se atreven a oponerse al régimen. Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado repetidamente casos de tortura, tratos crueles y degradantes, y condiciones inhumanas en las cárceles cubanas, dirigidos especialmente contra presos políticos y activistas.

La tragedia de Mulet es un sombrío recordatorio de las consecuencias humanas de la represión estatal. No se trata de un caso aislado, sino de un patrón sistemático de abuso que apunta a silenciar cualquier forma de protesta o disidencia. Su muerte pone de relieve la urgencia de una respuesta internacional más firme y una vigilancia constante sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba. Para todos aquellos que abogan por la libertad y la justicia, su fallecimiento es un símbolo de la lucha incansable contra la opresión y un llamado a no dejar que su sacrificio pase desapercibido.