Desde el miércoles 21 hasta el viernes 23 de agosto de 2024, México es sede de la XI Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, celebrada en la Ciudad de México. Durante este evento también se conmemora el 25 aniversario de la Red PARF, un esfuerzo colaborativo que busca mejorar la convergencia y el fortalecimiento regulatorio en la región, con el fin de facilitar la innovación y garantizar el acceso equitativo a tecnologías sanitarias.

Organizada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la conferencia se centra en la creación de un marco regulatorio que responda de manera efectiva a las necesidades de salud de América Latina.

Durante la sesión inaugural, la intervención del Ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, generó gran expectativa. En su discurso, Portal Miranda afirmó que Cuba está en posición de ofrecer a los países de la región lo más avanzado en producción de medicamentos y tecnología médica, destacando la “disposición y capacidad” del país para colaborar con la OPS y sus estados miembros. Estas declaraciones resultaron sorprendentes dado el contexto actual de la isla, que atraviesa una severa crisis de abastecimiento de medicamentos y enfrenta varias emergencias sanitarias, como el COVID-19, el dengue y el virus Oropouche.

La paradoja es evidente: mientras el ministro cubano promociona la “potencialidad técnica” de Cuba en el escenario internacional, la realidad dentro del país es muy distinta. La escasez de medicamentos es crónica; en las farmacias cubanas, más de 178 productos del cuadro básico, esenciales para tratar enfermedades crónicas y agudas, han estado ausentes durante todo el año. Los hospitales enfrentan una carencia alarmante de insumos y fármacos, complicando gravemente la atención médica.

El colapso en la producción de medicamentos en Cuba se debe, en gran medida, a la falta de materias primas, un problema atribuido por el gobierno al embargo estadounidense, aunque también se debe al impago a proveedores internacionales, lo que ha detenido la importación de insumos esenciales. Esta situación ha sido reconocida públicamente por altos funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Recientemente, la viceministra primera, Tania Margarita Cruz Hernández, culpó al “bloqueo” de la crisis, mientras que Armando Piloto, director del Grupo Empresarial de Salud, admitió la incapacidad de la isla para producir medicamentos básicos.

No es la primera vez que las autoridades cubanas presentan una imagen distorsionada de sus capacidades farmacéuticas. En febrero de 2023, el embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño Cairo, firmó un memorándum de entendimiento con el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) para la creación de una agencia de producción y control de medicamentos, basada en la supuesta “experiencia” cubana. Este acuerdo es un ejemplo más de la estrategia del régimen cubano para obtener divisas mediante la venta de “experiencias” y promesas no cumplidas, que forman parte del discurso oficial de un gobierno que busca proyectar una imagen de autosuficiencia y éxito en el ámbito internacional, mientras enfrenta una dura realidad interna.

La participación de Cuba en la Conferencia Panamericana refleja, una vez más, la desconexión entre la narrativa oficial del gobierno y las condiciones de vida de la población, que sigue sufriendo las consecuencias de una crisis sanitaria que parece no tener fin.