¿Qué ha pasado con Alejandro Gil Fernández, el ex ministro de Economía de Cuba, desde que fue destituido en un sonado caso de corrupción a principios de año? Desde que el gobierno cubano anunció su cese, afirmando que se habían detectado “graves errores” en el desempeño de sus funciones, no ha habido más noticias oficiales sobre su situación actual. La pregunta que muchos se hacen es: ¿dónde está y qué ha sido de él?

Tras la destitución, el silencio oficial ha sido casi absoluto. A pesar de la gravedad de las acusaciones, no se ha informado sobre ningún proceso judicial en su contra. La nota oficial publicada por el gobierno, que anunciaba su renuncia tanto al Comité Central del Partido Comunista de Cuba como a su puesto en la Asamblea Nacional, parecía más un intento de minimizar el escándalo que una verdadera acción de justicia.

El comunicado, que apelaba a la tradicional retórica revolucionaria, aseguraba que el Partido y el Gobierno cubanos no toleran la corrupción, a pesar de que esta afirmación contrasta con la realidad que muchos cubanos conocen: solo los “autorizados” pueden cometer actos de corrupción sin temor a las consecuencias. La nota también advertía que cualquier intento de aprovechar este caso para criticar al régimen sería enfrentado con firmeza, dejando claro que la lealtad al sistema sigue siendo innegociable, incluso en medio de la crisis económica que vive el país.

Desde entonces, la figura de Gil Fernández ha desaparecido del ojo público, y solo han circulado rumores sobre su paradero. Se dice que permanece en su residencia en Miramar, una zona exclusiva de La Habana reservada para altos funcionarios del régimen. Sin embargo, no está claro si se encuentra bajo arresto domiciliario o si simplemente ha sido apartado del poder de forma discreta. Lo que parece evidente es que, aunque fue señalado como el principal responsable de los desastrosos resultados económicos de los últimos años, muchos dentro del propio Ministerio de Economía creen que no es el único culpable.

El allanamiento de su casa, que sorprendió incluso a su familia, y el traslado a una “casa de trabajo” controlada por los servicios de inteligencia, sugiere que el régimen busca controlar el relato en torno a su caso. Curiosamente, a pesar de haber sido destituido, el presidente Díaz-Canel lo felicitó públicamente en redes sociales por su cumpleaños, lo que alimenta las sospechas de que Gil Fernández podría ser simplemente un chivo expiatorio, utilizado para desviar la atención de problemas más profundos y proteger a otros altos funcionarios implicados en la corrupción.

Este caso recuerda al de otros altos cargos cubanos que, tras su destitución, fueron relegados a una especie de “exilio interno” conocido como “plan pijama”, donde permanecen en sus lujosas residencias, alejados de la vida pública, pero sin enfrentar verdaderas consecuencias legales. Tal es el caso de Leopoldo Cintra Frías, ex ministro de las FAR, quien también fue destituido bajo un manto de misterio, con rumores de registros en su mansión y arresto domiciliario, aunque nunca se confirmó oficialmente.

El hermetismo del gobierno cubano sobre estos casos contrasta con su discurso de transparencia y lucha contra la corrupción. La Sección de Inteligencia Ciudadana, que supuestamente trabaja para hacer pública la vida de los servidores públicos, no ha dicho una palabra sobre el destino final de Gil Fernández ni sobre otros casos similares. Todo esto hace que muchos se pregunten: ¿quiénes son los verdaderos responsables y qué se esconde tras esta maraña de silencio y aparente justicia selectiva?

La realidad parece ser que, lejos de erradicar la corrupción, el régimen utiliza estos casos para deshacerse de figuras incómodas y preservar el status quo, mientras los auténticos culpables siguen en las sombras, protegidos por un sistema que premia la lealtad por encima de la integridad.