El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha manifestado su preocupación por la creciente represión ejercida por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según una declaración divulgada este lunes, la oficina del fiscal está «monitoreando activamente» los acontecimientos en el país, donde la oposición y la población civil han sido objeto de una ola represiva tras las protestas contra el presunto fraude en las elecciones presidenciales del 28 de Julio.

Khan señaló que su oficina ha recibido múltiples informes sobre casos de violencia y otras denuncias relacionadas con los eventos posteriores a los comicios. La declaración, reseñada por la agencia AFP, subraya que el CPI ha establecido contacto con el gobierno venezolano «al más alto nivel» para enfatizar la necesidad de respetar el Estado de derecho en estos momentos críticos.

«Es fundamental que todas las personas en Venezuela sean protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes contemplados en el Estatuto de Roma», advirtió la oficina del fiscal. Esta preocupación se ha intensificado tras las recientes acciones represivas del régimen, que han incluido arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y ​​otras formas de intimidación contra quienes se oponen a los resultados electorales.

La situación en Venezuela ha llamado la atención de la comunidad internacional. Tres días antes de la declaración de Khan, Amnistía Internacional había enviado una carta al fiscal del CPI solicitando una «acción urgente» ante la represión desatada en el país. La organización de derechos humanos expresó su alarma por el deterioro de la situación y pidió a la CPI que interviniera para prevenir más violaciones de los derechos humanos.

El régimen de Maduro, que ya enfrenta varias investigaciones preliminares por posibles crímenes de lesa humanidad, podría ver intensificarse la presión internacional si el IPC decide avanzar en estas pesquisas. La posibilidad de que se presenten cargos adicionales dependerá en gran medida de cómo evolucionen los acontecimientos y de la capacidad del gobierno venezolano para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Mientras tanto, las tensiones en Venezuela continúan aumentando, y la comunidad internacional sigue observando de cerca cómo se desarrolla esta nueva fase de la crisis política en el país. La intervención del IPC podría ser un factor determinante en los próximos meses, especialmente si las denuncias de violaciones de derechos humanos se confirman y escalan a nuevos niveles de gravedad.