En un comunicado emitido el 29 de julio de 2024, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció la expulsión del personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Esta medida se tomó en respuesta a lo que el régimen calificó como «acciones injerencistas» por parte de estos gobiernos, quienes han cuestionado los resultados de las recientes elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024.

El comunicado destaca el rechazo del gobierno venezolano a las declaraciones y de los gobiernos mencionados, a los que acusó de estar subordinados a Washington y de promover un discurso fascista internacional. Según el régimen, estos países desconocieron los resultados electorales que declararon la victoria de Nicolás Maduro para un nuevo período constitucional entre 2025 y 2031.

La decisión de expulsar a los diplomáticos es un claro ejemplo de la intensificación de la crisis política en Venezuela. Esta acción refleja la creciente tensión entre el régimen de Maduro y varias naciones de América Latina, que han expresado su preocupación por la falta de transparencia y el autoritarismo en el país caribeño.

El gobierno venezolano ha calificado estas medidas como una defensa de su soberanía nacional, mientras que la comunidad internacional ve en estas acciones una señal de aislamiento y un intento de silenciar las críticas. La crisis diplomática podría tener consecuencias significativas para las relaciones regionales y aumentar la presión internacional sobre el régimen de Maduro.

Esta expulsión de diplomáticos se suma a una larga lista de conflictos y tensiones que Venezuela ha enfrentado con otros países en los últimos años, en medio de una grave crisis económica y humanitaria. La comunidad internacional espera ver cómo se desarrollan los eventos y si esta medida provocará una respuesta coordinada de los países afectados.