El Tribunal Popular Provincial de Villa Clara admitió esta semana la apelación de la sentencia dictada contra cuatro jóvenes cubanos, emitida por la jueza Melody González Pedraza, quien actualmente se encuentra en una cárcel de inmigración en el sur de Florida solicitando asilo.

Según el auto judicial, la vista de apelación de la causa número 2 de 2024, radicada en el Tribunal Municipal Popular de Encrucijada, se celebrará a las 09:00 de la mañana del 9 de agosto de 2024 en la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara. Durante la apelación, se reproducirán todas las pruebas presentadas en el juicio de primera instancia.

Además, se practicarán de oficio las declaraciones de los testigos: capitán Miguel A. Martínez Martínez, primer teniente Ricardo Domínguez Hernández, teniente coronel Jorge Luis Alfonso Bermúdez y Ramón Benítez Morales. También se dispondrá la presentación de los acusados, citándose al fiscal, defensores y testigos, siguiendo el procedimiento ordinario.

La jueza González Pedraza firmó una sentencia que impone penas de tres y cuatro años de prisión a cuatro jóvenes acusados de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada, el 18 de noviembre de 2022. Los condenados, Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez, no superan los 30 años de edad.

La jueza González Pedraza, tras emitir las sentencias, viajó a EE.UU. beneficiada por el programa de Parole Humanitario. Sin embargo, su entrada fue rechazada por violaciones a los derechos humanos, lo que la llevó a solicitar asilo.

Diversas organizaciones de derechos humanos han pedido la liberación incondicional de los jóvenes, respaldadas por la confesión de González Pedraza, quien aseguró haber sido presionada para encarcelarlos. Santiago Alpízar, abogado y director de la ONG Cuba Demanda, señaló que el tribunal admitió el escrito de nulidad que sugirieron tras la confesión de la jueza.

Alpízar destacó la importancia de que los abogados de la defensa se enfoquen en las pruebas de descargo presentadas, como la inconsistencia en la caligrafía de una confesión y la declaración de la jueza admitiendo haber cometido una injusticia. Además, testigos afirman que al menos dos de los acusados no estaban en el país el día de los hechos.

A pesar de las pruebas y los esfuerzos de la defensa, los jóvenes siguen detenidos, lo que preocupa a Alpízar, quien teme que el tribunal ratifique la condena inicial.

Este caso resalta las deficiencias del sistema judicial cubano y la falta de garantías para el debido proceso, como han denunciado organizaciones internacionales de derechos humanos. La apelación será un momento crucial para estos jóvenes y un testimonio de la justicia en Cuba.