En el año 2003, la abogada cubana Lourdes Arada se vio envuelta en un caso que marcaría profundamente su carrera y la percepción pública sobre su ética profesional. Arada fue una de las defensoras de tres de los acusados ​​en un intento de secuestro de un avión con destino a Estados Unidos, un acto motivado por la búsqueda de libertad. Sin embargo, lo que podría haber sido un caso común de defensa penal se convirtió en un escándalo debido a las graves irregularidades y la presunta falta de escrúpulos de Arada y demás abogados que actuaron favoreciendo el pedido de Fidel Castro.

Según testimonios, incluyendo el de Guadalupe Ortiz, madre de uno de los acusados, José Ángel Díaz Ortiz, Lourdes Arada, junto con otros abogados recibieron, instrucciones directas de Fidel Castro para no defender adecuadamente a los acusados. Ortiz afirma que los abogados fueron convocados antes del juicio y se les ordenó abstenerse de realizar preguntas cruciales durante el proceso. Esta interferencia, según la madre, resultó en una condena predeterminada de cadena perpetua para su hijo y otros 4 de los acusados.

Un aspecto particularmente preocupante del caso involucra a Bodanis Zulueta Ramos, Daviel Gainza Leyva y Fidel Francisco Rangel Sánchez, quienes no estuvieron involucrados en el desarme del soldado Edgar Pino Torres. Estos tres fueron arrestados más tarde en sus casas, pero aun así fueron procesados ​​como parte del grupo más amplio, lo que llevó a Bodanis a recibir una sentencia de 30 años, Daviel a 20 años y Fidel Francisco a 25 años. En 2010, estos hombres fueron deportados a España como presos políticos de la «Primavera Negra», lo que pone de relieve el trasfondo político de su encarcelamiento.

La actuación de Arada en este caso ha sido vista como un acto de colaboración con un sistema judicial manipulador, más interesado en cumplir con órdenes políticas que en garantizar un juicio justo. Este comportamiento no solo cuestiona la integridad de Arada como profesional del derecho, sino que también señala una posible recompensa por su alineación con las directrices del gobierno. Tras el juicio, Arada fue aparentemente favorecida con el cargo de jefa de equipo del Bufete de la Víbora, un puesto que sugiere una recompensa por su «lealtad» y colaboración.

Hoy en día, Lourdes Arada mantiene un perfil bajo respecto a este episodio de su carrera. A pesar de los intentos de contacto por parte de este medio de comunicación, Arada ha optado por el silencio, restringiendo incluso el acceso a sus redes sociales. Esta actitud ha generado más sospechas sobre su participación y su ética profesional.

La vida personal y profesional de Lourdes Arada parece estar muy alejada de la realidad de la mayoría de los cubanos. Se comenta que lleva un estilo de vida lujoso y está casada con un militar retirado del MININT, lo que podría explicar su aparente impunidad y las oportunidades profesionales que se le han presentado. Este contraste entre su vida y la de los ciudadanos comunes de Cuba aumenta la percepción de que Arada ha sido beneficiada por su complicidad en actos judiciales cuestionables. Además recientemente ha obtenido la ciudadanía española y tiene dos hijos viviendo en Estados Unidos por lo que se presume que podría viajar pronto dejando atrás el daño hecho a quienes debió defender en el 2003 con todas las garantías.

El caso de Lourdes Arada es un recordatorio de cómo la corrupción y la falta de ética pueden permear el sistema judicial, afectando la vida de aquellos que buscan justicia. La historia de los acusados ​​y sus familias, que continúan luchando por el reconocimiento de su injusto encarcelamiento, subraya la necesidad urgente de una reforma judicial en Cuba y la importancia de la transparencia en la práctica legal.

Este episodio no solo cuestiona la reputación de Lourdes Arada como abogada, sino que también levanta dudas sobre la integridad del sistema judicial cubano y la influencia indebida del poder político sobre los procesos legales. La falta de escrúpulos en este caso es un testimonio sombrío.