El Parlamento cubano aprobó este viernes una nueva Ley de Ciudadanía que otorga al presidente el poder de revocar la ciudadanía en circunstancias específicas, generando controversia y preocupación entre defensores de derechos humanos. La legislación permite que el presidente despoje de la ciudadanía a aquellos que se alisten en organizaciones armadas con intenciones de atacar al país o que realicen actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de Cuba.

Las autoridades han subrayado que esta medida se aplicará solo en casos «excepcionales». Sin embargo, críticos y activistas temen que pueda ser utilizada como herramienta para silenciar a disidentes y opositores políticos, exacerbando la represión en el país.

Además de las disposiciones sobre la revocación de la ciudadanía, la ley establece nuevos requisitos tanto para adquirir la ciudadanía por nacimiento como por naturalización. Hasta ahora, estos procesos estaban regulados por el Decreto 258, Reglamento de Ciudadanía, de 1944, y el Decreto Ley 352, de 2017, sobre la Adquisición de la Ciudadanía Cubana por Nacimiento de los Nacidos en el Extranjero de Padre o Madre Cubano.

Otro aspecto relevante de la ley es la regulación de la renuncia a la ciudadanía cubana. Los mayores de 18 años que posean otra ciudadanía y se encuentren en el extranjero podrán renunciar a su ciudadanía cubana, siempre y cuando no tengan deudas con el Estado, no estén cumpliendo una sentencia penal ni sean perseguidos por delitos cometidos en Cuba o en el extranjero. La solicitud de renuncia debe hacerse desde el exterior y ser aprobada por las autoridades cubanas para que sea efectiva. Aquellos que logren renunciar a su ciudadanía podrán entrar al país sin necesidad de un pasaporte cubano.

En la misma sesión parlamentaria, se aprobó una nueva Ley de Extranjería, que trae consigo reformas significativas para los extranjeros que residen o tienen negocios en la isla. Esta ley establece las condiciones bajo las cuales los extranjeros pueden ser expulsados del país, así como las instituciones responsables de ejecutar estas medidas. Además, introduce categorías migratorias como la de residente provisional y residente humanitario, destinadas a refugiados, apátridas y asilados políticos.

Las nuevas leyes subrayan la necesidad de que los extranjeros en Cuba mantengan una conducta respetuosa y cumplan con la Constitución de la República de Cuba y otras normativas vigentes. Asimismo, deben observar y acatar las reglas de convivencia y las tradiciones y costumbres del pueblo cubano.

Estas leyes no solo redefinen los parámetros de la ciudadanía cubana y la situación legal de los extranjeros en la isla, sino que también reflejan el enfoque actual del régimen cubano hacia la regulación migratoria y la gestión de la ciudadanía en un contexto político y social complejo. La capacidad del presidente para revocar la ciudadanía podría representar una nueva herramienta de control, aumentando las ya considerables preocupaciones sobre los derechos humanos en Cuba.