El régimen cubano ha reconocido recientemente que empleó a reclusos de todo el país para concluir la zafra azucarera de 2023, debido a la falta de personal. Según un reporte del medio estatal Cubadebate, se utilizaron 113 presos para esta labor.

Julio García Pérez, presidente del grupo empresarial Azcuba, subrayó la necesidad de cooperación entre diversas entidades para enfrentar los retos de la zafra. “Hay que trabajar en conjunto, los Gobiernos, el Partido, los centrales. Todos debemos buscar soluciones para desarrollar la zafra. Debemos unirnos desde ahora para la próxima”, declaró.

El impacto de la escasez de personal fue significativo: unas 750,000 toneladas de caña no fueron cosechadas y 16,000 hectáreas quedaron sin cortar, afectando gravemente las cepas, según García Pérez.

El uso de la población penal en trabajos forzosos no es una práctica nueva del régimen cubano. En mayo pasado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos la violación de los derechos laborales de cientos de personas privadas de libertad en Cuba, quienes son sometidas a trabajos forzosos, especialmente en la producción de carbón vegetal.

El OCDH destacó que la elaboración de carbón vegetal de marabú, destinado a la exportación, se realiza en condiciones inhumanas. Esta práctica no es novedosa en Cuba y ha sido condenada repetidamente en denuncias previas. El régimen utiliza empresas estatales para promover y usar indiscriminadamente el trabajo forzoso, con una notable impunidad debido a un marco legal que legitima la situación y la falta de autonomía de los tecnócratas estatales para ponerle fin.

Provincias como Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey concentran la mayor cantidad de prácticas de trabajo forzado o semiesclavitud, según el OCDH. Este organismo afirmó que al menos un millar de reclusos en Cuba están obligados a trabajar en condiciones de ilegalidad, desprotección e inhumanidad, bajo amenaza de castigo o aflicción real, en cumplimiento de obligaciones laborales imposibles mediante la práctica del trabajo forzoso.